Los Gerentes del Estado

Hay buenas razones para respaldar el incremento salarial a los altos funcionarios públicos

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En la discusión sobre el reciente aumento de sueldos a ministros y otros altos funcionarios públicos, hay algo que no podemos pasar por alto: si queremos a los mejores profesionales dirigiendo las entidades públicas, el Estado debe pagarles un sueldo competitivo con el del sector privado. Y eso no es lo que ha venido sucediendo. 

En un país donde el gerente general de una empresa privada de primera línea gana cerca de US$20.000, se ha vuelto cada vez más difícil reclutar talento para las posiciones de mayor responsabilidad en el Estado. Y la dificultad es más grande si se tiene en cuenta que en el Perú existe la triste costumbre de denunciar penalmente a los funcionarios para presionarlos, lo que hace que el tránsito por el sector público a menudo suponga el costo adicional de pasarse varios años pagando abogados y defendiéndose injustamente en los tribunales. 

Esto, por lo demás, es algo en lo que otros países vecinos ya han reparado. Mientras con el aumento nuestros ministros ganarán alrededor de US$10.600, en Chile ganan US$14.341 en promedio y en Brasil US$11.222. 

Por supuesto, no han faltado las voces que han aprovechado la oportunidad para hacer demagogia con este asunto. Alan García, por ejemplo, calificó la medida de “injusticia”, pretendiendo que olvidemos que a raíz del corte de sueldos durante su gobierno el Estado sufrió una gravísima fuga de talentos de la cual aún no se ha podido recuperar. El fujimorismo, por su parte, ha anunciado que, con motivo de la medida, solicitará la interpelación del primer ministro. Una reacción que demuestra que esta agrupación, en el mejor de los casos, sufre una seria amnesia. Y es que no entendemos por qué sí fue justo que se paguen buenos sueldos a los altos funcionarios públicos cuando Fujimori estuvo en el poder, pero esto mismo es incorrecto hoy que ya no lo está. 

Ahora, quizá el argumento más demagogo entre los que se han venido escuchando es el que señala que a quien ocupa el cargo de ministro de Estado no le debe importar el salario, pues se trataría de un servicio al país y no de un negocio.

Nadie niega que estos cargos supongan realizar un importante servicio al país. Pero no hay ninguna razón para olvidar que, además, esos puestos son los trabajos con los que los funcionarios mantienen a sus familias y pagan sus cuentas. Sin un sueldo importante un profesional destacado que quiera ser ministro probablemente tenga que gastarse sus ahorros, cambiar a sus hijos de colegio o dejar de pagar su hipoteca. Salvo, por supuesto, que sea rico o que se las ingenie para obtener ingresos ‘extras’ aprovechando su posición.

Como dice el viejo dicho, quien quiere celeste que le cueste. Si queremos talento, debemos estar dispuestos a pagar por él. 

No obstante lo señalado, hay algunas críticas que se pueden hacer a la medida. Para empezar, hubiese sido mejor que el aumento de sueldos fuese progresivo, pues se ha creado la excusa para que grandes grupos de empleados públicos a los que se les ha prometido aumentos por etapas (debido a que, financieramente, no es posible realizarlos de otra forma) reclamen ahora por un trato diferenciado en favor de sus jefes.

Asimismo, hubiese sido incluso mejor si los aumentos tuviesen un componente fijo y otro variable en función de la productividad de cada sector. Por ejemplo, un bono que estuviese sujeto al cumplimiento de las metas que tiene cada ministerio según el sistema de presupuesto por resultados. De esta forma no solo se crearían incentivos para hacer un buen trabajo, sino que, además, la ciudadanía habría sentido más justificado el aumento.

Por último, esta medida debió haberse dado paralelamente a un repotenciamiento del Gabinete. Y es que si bien hay ministros que valen aun más de lo que ganarán con el aumento, hay otros que francamente no lo merecen.

A pesar de los últimos puntos, hay que felicitar al gobierno por haber tomado una medida que era necesaria, más allá de que pueda terminar siendo impopular. El Perú necesita a los mejores profesionales dirigiéndolo. Y nadie, salvo los populistas, les puede pedir que asuman esa responsabilidad haciendo caridad.