jueves, 3 de julio de 2014

PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y LOS 96 JURADOS ELECTORALES ESPECIALES SE DECLARAN EN SESIÓN PERMANENTE
A partir del 1ero. de julio hasta la culminación del proceso.
Son 1,867 autoridades las que se elegirán entre regionales y municipales.
Por: Heriberto Chullo
Con el objetivo de garantizar la reunión de sus integrantes para la calificación de las solicitudes de inscripción de candidaturas y hasta la culminación del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y de los 96 Jurados Electorales Especiales  han sido declarados en sesión permanente, habilitándose los días sábados, domingos y feriados para la realización de audiencias públicas, notificaciones y otras acciones procesales.
A través de la Resolución Nº 546-2014-JNE se detalla que al cumplirse el 7 de julio el plazo de presentación de solicitudes de inscripción de candidatos, los 96 JEE instalados en todo el país tienen la responsabilidad de recibir la documentación respectiva y deberán calificar e inscribir las fórmulas y listas de candidatos.
También los 96 JEE  resolverán en primera instancia las tachas que pudieran presentarse en contra de las candidaturas de 25 distritos electorales regionales, 195 distritos electoras municipales provinciales y 1,647 distritos electorales municipales distritales.
En tanto el Pleno del JNE debe resolver en esta etapa las apelaciones que se presenten en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de Organizaciones Políticas, respecto a los expedientes de inscripción de las organizaciones políticas que han presentados candidatos. Además, resolverá las apelaciones en contra de las resoluciones de los JEE en esta etapa de inscripción de candidaturas.
De esta manera se han adoptado las medidas que garanticen que el cumplimiento de las funciones de los JEE, sobre aquellas vinculadas a la impartición de justicia electoral en primera instancia se realice con la celeridad que exige el proceso electoral.

miércoles, 2 de julio de 2014

Cipriani: El aborto terapéutico no resuelve la mortalidad materno infantil




EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI SOSTUVO QUE LA GUÍA PARA EL ABORTO TERAPÉUTICO "NO RESUELVE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL" Y AFIRMÓ QUE QUIENES DEFIENDEN ESA TESIS "ENGAÑAN A LA POBLACIÓN".
"Los miles de abortos clandestinos no tienen nada que ver con esta guía. Cuando se habla de defender a la mujer, que (el aborto terapéutico) es un derecho, no tiene nada que ver. No engañemos a la población", indicó.
Bajo esa premisa argumentó que la guía del aborto terapéutico "es una guía para matar" si no se quita el causal de "cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante".
Además, refirió que las juntas médicas que resolverán las causales para aplicar un aborto terapéutico son "una puerta abierta a que empiecen los pagos y coimas (...) porque sabemos cómo es el Perú".
En declaraciones a RPP Noticias, el primado de la iglesia católica peruana también tuvo duros calificativos contra la ministra de Salud, Midori de Habich, de quien aseguró que "no está capacitada para gobernar" el sector y a la que acusó de ceder ante "una presión muy fuerte de una ONG y organismos internacionales".
Asimismo, pidió "no llamar política" a las intervenciones que hace "a favor de la vida, del matrimonio y la familia" porque "la iglesia tiene una voz clara en los temas mixtos en los que hay una dimensión trascendente y religiosa".
"Yo tengo que defender los planteamientos que la gran mayoría de peruanos también defiende simplemente que hay grupos agresivos que no están de acuerdo con la iglesia católica y tampoco es una injerencia en el estado", explicó.
En ese sentido, pidió que la guía del aborto terapéutico sea "sometida a una concertación por la salud, de alto nivel donde estén representados el cuerpo médico, las universidades, la academia de medicina".
PENAS DURAS SIN BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Desde hoy rige Ley de Crimen Organizado en todo el Perú

 
La norma señala que líderes de las organizaciones criminales, financistas, funcionarios públicos, quienes utilicen menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión.


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La Ley N° 30077, sobre el Crimen Organizado, entró en vigencia el día de hoy 01 de julio de 2014, para delitos cometidos por organizaciones criminales. Entre los delitos que comprende la mencionada ley se encuentran: homicidio, secuestro, tráfico ilícito de drogas, violación del secreto de las comunicaciones, trata de personas, pornografía infantil, delitos informáticos, delitos contra la administración pública, entre otros.  

Al respecto, Bonifacio Meneses Gonzáles, Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación del CPP (ETI-CPP) explicó que la implementación de la Ley sobre Crimen Organizado trae consigo muchas innovaciones que ayudarán a hacerle frente a las bandas criminales que vienen apareciendo en el Perú.  

“Entre las innovaciones más resaltantes tenemos que los líderes de las organizaciones criminales, sus financistas, funcionarios públicos, quienes utilizan menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión y se prohíbe el otorgamiento de beneficios penitenciarios”, señala el presidente del ETI – CPP.  

Además, Meneses Gonzáles indica que se implementará un sistema informático que almacene toda la información correspondiente a los internos vinculados a una organización criminal y que contenga un registro detallado de las visitas que reciben.  

Asimismo,  acota que la Ley del Crimen Organizado introduce técnicas especiales de investigación, tales como interceptación postal e intervención de comunicaciones, el agente encubierto, el seguimiento y la vigilancia. Por último establece la obligatoriedad de colaboración de todas las personas e instituciones públicas y privadas para perseguir e investigar a las organizaciones criminales.   

Por otro lado, el procesamiento de los casos que se inicien en el marco de la Ley sobre crimen organizado será tramitado con el Código Procesal Penal. En ese sentido, se ha dispuesto adelantar su vigencia en los Distritos Judiciales que aún no se ha implementado en su integridad, tales como Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín.

domingo, 29 de junio de 2014

El contrato Urresti

Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera.

Editorial: El contrato Urresti
 
El flamante ministro del Interior tiene un estilo que, sin duda alguna, es peculiar. En los pocos días que lleva en el cargo ha protagonizado una serie de apariciones que han llamado mucho la atención. En la ceremonia de asunción del cargo prefirió dejar el micrófono para arengar a viva voz a los policías y terminar su discurso pidiendo tres ‘ra’ por la institución con sonoros golpes de pie en el piso. Al día siguiente lo vimos por televisión, vestido de policía, encabezando dos operaciones policiales. En la primera, la policía intervino en el llamado Nuevo San Jacinto ubicado en la Victoria, donde se comercializan partes de autos robadas, y recuperó una serie de motores, cajas de cambios, arrancadores, alternadores y otras piezas. En la segunda, la policía condujo a  39 vehículos con papeletas y a sus choferes a la comisaría. Un día después, el ministro dirigió nuevas operaciones en distintos distritos de la capital en las que se detuvo a 60 sujetos implicados en diversos delitos y se incautaron armas de fuego, droga y celulares robados. Posteriormente, el ministro apareció presentando 83 armas confiscadas a empresas comercializadoras de armas y municiones que operan en el departamento de Ica y que no cumplían con los requisitos de seguridad que exige la ley.
Quizá se trata de gestos políticos que buscan hacer sentir a la ciudadanía la presencia del ministro del Interior y su compromiso con la lucha contra el delito. Pero lo cierto es que la labor del ministro es la de diseñar y conducir las grandes políticas de combate de la criminalidad y no la de comandar a los efectivos policiales que van a detener a un grupo de ladrones de partes de autos o a choferes irresponsables. De hecho, resulta una pérdida de su valioso tiempo encabezar este tipo de operaciones cuando podría invertirlo en pensar cómo reformar el sector. Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera (o, como lo puso nuestro periodista y columnista Pedro Ortiz, que “reviva a un zombi”) y no a un Elliot Ness de La Cachina.
Por supuesto, es muy temprano para descartar que el señor Urresti se encuentre en capacidad de realizar dichos importantes cambios y, en este Diario, esperamos que tenga éxito y que la iniciativa que demostró en el combate de la minería ilegal le sirva también en la lucha contra la delincuencia. Pero lo cierto es que aún no ha planteado una estrategia concreta para reformar el sector y, en cambio, ha hablado de ciertas medidas que han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, acabar con las ‘batidas’ de tránsito (es decir, dejar las calles sin ningún tipo de control) para combatir la corrupción policial, lo que se traduce en decir que, para que no cobre coimas, la policía se abstendrá  de hacer su trabajo. Una propuesta que revela una preocupante candidez y una aparente falta de conocimiento sobre qué debe hacerse con la seguridad. No solo eso, sino que, sumada a todo lo anterior, da la impresión de que estamos a punto de ver la repetición de una constante en este sector: la ausencia de agenda. ¿Se imagina, señor lector, dónde se encontraría el país si el Ministerio de Economía o el BCR se manejasen con la misma improvisación? Las medidas del Ministerio del Interior, después de todo, deberían tener detrás tanta teoría, planeamiento y control de su ejecución como lo tienen la política fiscal y monetaria.
El gran problema de la inseguridad no se va a resolver simplemente ordenando operaciones policiales aisladas, que no respondan a un plan concreto y bien estructurado de combate de la criminalidad. Lo que necesitamos es que el ministro desarrolle y presente ese plan, que fije los objetivos concretos que deben alcanzarse, que exponga  la estrategia para lograrlos, que señale un plazo razonable para obtener resultados y que presente los indicadores con los que la ciudadanía podrá medir su éxito. Animamos al ministro a distinguirse de sus predecesores y a fijar claramente los términos de este contrato que debe firmar con la ciudadanía. Y es que, si no plantea su gestión de esta manera, solo tendremos nuevos disparos al aire, el teatro mediático al que el gobierno nos tiene acostumbrados en materia de seguridad y, muy probablemente, un nuevo ministro del Interior en diciembre.

Aborto terapéutico desata ira de Iglesia


El gobierno del presidente Ollanta Humala sabía que la regulación del aborto terapéutico -que hoy entra en vigencia- provocaría un conflicto con la Iglesia Católica.
No esperaba, sin embargo, una respuesta tan dura e inmediata como la expresada por el cardenal Juan Luis Cipriani.
El Arzobispado adoptó el mismo discurso de hace 90 años, cuando en 1924 el procedimiento fue despenalizado en el Código Penal, advirtiendo a los creyentes que apoyar el proyecto gubernamental supone incumplir la doctrina católica. "Esta es una guía técnica para matar a una criatura", advirtió Cipriani en su programa Diálogos de Fe.
Politizando el tema, mencionó incluso que Humala y su esposa Nadine Heredia visitaron su domicilio en plena campaña electoral del 2011, "donde se comprometieron a que no se aprobaría en su gobierno".
La guía técnica para aplicar el aborto terapéutico estandariza el mecanismo que los médicos de nosocomios privados y estatales deberán seguir para interrumpir el embarazo con una intervención quirúrgica cuando la salud de la madre esté en riesgo.
Fue el último viernes que la ministra de Salud, Midori de Habich; la titular de la Mujer, Carmen Omonte; y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, presentaron la Guía Técnica del Aborto Terapéutico, que se aplicará en los establecimientos de salud de todo el país. Hoy entra en vigencia.
Sin embargo, para Cipriani, De Habich, Omonte y Figallo representan a "los líderes que se han prestado para decir que sí se puede matar a las criaturas".
"Esta decisión de la ministra tiene mucho que ver con la presión internacional de instituciones que están imponiéndoles esta guía de manera imperialista. Arregle usted primero (ministra de Salud) la huelga de los médicos", dijo Cipriani en el programa antes de pedir a las madres de familia "no permitir que les hagan firmar la muerte de sus hijos. Tengan valentía. La vida está en manos de Dios, siempre existe una manera médica de salvar a la madre y al hijo".
Privilegia la vida. En respuesta, la ministra de Salud, Midori de Habich, hizo un deslinde total con el aborto ilegal, "que está penado por ley y que constituye un problema de salud pública".
"No tenemos una legislación sobre el aborto ilegal, no podemos reglamentar algo que es penado por ley", apuntó.
De Habich aseguró que el objetivo que persigue la guía es salvaguardar la vida de la madre ante una situación en la que ella y el feto están en peligro de muerte.
Añadió que anualmente ocurren entre 15 y 20 situaciones de este tipo y sostuvo que la publicación de esta guía solamente fija las reglas frente a una problemática que los establecimiento de salud ya venían tratando con su propio protocolo.
Así -aseguró-, los médicos tratantes tendrán la seguridad de estar actuando correctamente y conforme a ley.
"La guía se utilizará ante una situación en la que hay riesgo de muerte de los dos (madre e hijo) y se privilegia de acuerdo a nuestra legislación fijada en el Código Penal: salvar la vida de la gestante", refirió De Habich.
No obstante, el especialista en Bioética Paul Ramos Barrientos sostuvo que no era necesario aprobar ningún protocolo de aborto terapéutico, pues los médicos gineco-obstetras están continuamente trabajando por salvar la vida de la gestante y la criatura que lleva en el vientre.
Por ello, el especialista rechazó la medida emitida por el Ministerio de Salud al considerar que es el punto inicial de la despenalización del aborto por cualquier causa.
LA GUÍA. Cabe señalar que la Guía Técnica nacional deja establecidos los casos de riesgo en que las mujeres pueden interrumpir el embarazo.
El protocolo establece como tiempo máximo para el aborto terapéutico las 22 semanas de gestación.
En la resolución suprema publicada ayer, se indica como inicio del procedimiento que la gestante o su representante legal hayan firmado el consentimiento después de haber sido informados sobre su diagnóstico, pronóstico y riesgos para su salud y su vida.
Es solo a pedido de la paciente que el médico presentará su solicitud a la Jefatura de Gineco Obstetricia del establecimiento de salud, que a su vez informará a la dirección del hospital.
Luego, la jefatura convocará a una junta médica, formada por un ginecólogo y dos especialistas de acuerdo con la patología de la paciente.
La junta obligatoriamente dictaminará si procede o no el aborto en no menos de seis días calendarios.
Si decidiera que no procede, la gestante puede solicitar una nueva junta solo una vez, y también tiene la posibilidad de desistir del procedimiento en cualquier momento.
Al respecto, la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Paulina Giusti, explicó que este tipo de protocolos pueden aplicarse cuando la gestante es un paciente con cáncer que requiere pasar por una quimioterapia o radioterapia.
"Si hablamos de 22 semanas, estamos hablando de embarazos de poco tiempo. En ese periodo, el feto no es viable. Si la madre fallece y el bebé nace, no vivirá, por eso se dice que es mejor salvar una vida, la de la madre", acotó.
apunta a figallo. Desde otra óptica, Luis Solari, médico, expremier y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, refirió que el informe jurídico que sustenta la guía podría generar problemas de orden legal y/o constitucional con su aplicación.
Ante esto, señaló que Figallo debería renunciar al Ministerio de Justicia. "Eso es matar niños peruanos por su discapacidad, es antidemocrático", manifestó.
Asimismo, indicó que la reglamentación de la guía deja la puerta abierta al uso del aborto como medio anticontraceptivo o incluso de control de la natalidad.