¿Todo queda en familia?

Es importante que las facultades legales de la primera dama queden claras

Lo primero que hay que decir sobre las declaraciones del señor Humala es que fueron completamente innecesarias. Como todos recordamos, el papel que juega la señora Heredia en el Ejecutivo le ha traído no pocos problemas al gobierno. (

La próxima vez vendrá Nadine a verificar los comedores, los colegios, Beca 18. Vendrá a trabajar, porque así trabajamos, de la mano con Nadine, como una familia, con hijos, porque creemos que es mejor gobernar el país como familia que como una sola persona. Con estas palabras, el pasado sábadoel presidente tuvo el mal tino de volver a poner en el ojo público el tema del rol de su esposa en el gobierno.

Lo primero que hay que decir sobre las declaraciones del señor Humala es que fueron completamente innecesarias. Como todos recordamos, el papel que juega la señora Heredia en el Ejecutivo le ha traído no pocos problemas al gobierno. ¿Gobierna el presidente o la “pareja presidencial”? ¿Cómo así puede la señora Nadine –que no es una autoridad electa ni una funcionaria pública designada– tomarse las atribuciones que se toma? ¿Será todo esto parte de una estrategia para aumentar la popularidad de la primera dama con la finalidad de lograr la “reelección conyugal”? Si fuese así, ¿debemos preocuparnos por un uso populista de los recursos públicos? Con toda la bulla que genera este tema, el señor Humala debería ser el primero en querer que este pase desapercibido. Pero, incomprensiblemente, parece que el presidente se esforzara por lograr lo contrario.

Ahora, esta falta de olfato político del presidente no solo le causa problemas a él, sino que además nos alcanza a todos nosotros: a más ruido político, más tiempo tiene que dedicar el gobierno en lidiar con sus críticos en vez de dedicarse a los problemas del país, y más incertidumbre se genera en un mercado al que hoy se le debería dar mayor seguridad para contrarrestar la desaceleración económica.

Todo esto nos lleva a pensar que sería un estupendo momento para zanjar, de una vez por todas, el problema de cuál es exactamente la función de la primera dama. Y es que a nadie le caben dudas de que la señora Heredia (o cónyuge de un presidente o presidenta que en un futuro quiera actuar como ella lo hace ahora) administra una enorme porción del poder estatal pero, a diferencia de los funcionarios públicos, no está sujeta a ningún tipo de control o fiscalización.

Hoy, aparentemente, la primera dama tendría a su disposición personal de Palacio para coordinar sus actividades. Participa, asimismo, de numerosos eventos oficiales por todo el Perú. Además, según palabras de su esposo, supervisa el funcionamiento de algunos colegios, del programa Beca 18 y del programa Juntos. Adicionalmente, de acuerdo con lo que (involuntariamente) habría dejado entender el ministro de Defensa, incluso está en su poder el dar “luz verde” para aprobar importantes decisiones como celebrar convenios con el PNUD con la finalidad de realizar compras para las Fuerzas Armadas. E incluso existen rumores de que varios nombramientos de los más importantes puestos del gobierno habrían tenido que contar con su venia.

Pues bien, al no ser formalmente funcionaria pública, no queda claro cómo es que la ciudadanía puede controlar a la señora Heredia, pedirle cuentas o responsabilizarla por las decisiones que pueda tomar y que nos afectan a todos.

Así, por ejemplo, no hay cómo saber de dónde provienen los recursos públicos que maneja, a cuánto asciende dicho presupuesto y, a diferencia de lo que sucede con los ministros, no hay cómo controlar la efectividad de su gasto. Por otro lado, no queda claro hasta qué punto tienen derecho la contraloría y otros órganos de fiscalización para observar sus acciones. Finalmente, al no tener responsabilidades definidas (cómo sí la tienen los funcionarios públicos), no existe una forma de determinar claramente su responsabilidad legal en cuestiones de Estado.

Por todo esto, sería muy saludable que el Congreso estableciese formalmente el cargo de esposa o esposo del presidente o presidenta (para los casos, evidentemente, en los que esta persona desee voluntariamente participar del gobierno de su cónyuge), con funciones definidas y a cargo de un despacho que tenga un presupuesto claro y sujeto a resultados. Después de todo, aunque a veces algunas personas se confundan, estamos hablando del gobierno de una República y no del de una familia.