Proteger las cabeceras de cuenca

El Perú ha crecido económicamente de forma sostenida durante los últimos años. El mayor reto, sin embargo, es que ese crecimiento sea social y ambientalmente responsable, lo cual implica adoptar medidas para que las actividades productivas e industriales incidan en mejorar la calidad de vida de los más pobres y que no impacten negativamente en el medioambiente y los ecosistemas más frágiles.

Una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional compromete a “garantizar el acceso a la disponibilidad hídrica, en las cantidades que se otorgan y en la calidad y oportunidad requeridas para su aprovechamiento en las diversas actividades económicas y la satisfacción de las necesidades primarias a la actual y futuras generaciones”.

De ahí que sea de alta prioridad la adopción de acciones urgentes para salvaguardar las cabeceras de cuencas hidrográficas, ecosistemas frágiles que permanentemente están amenazados por diversas formas de contaminación ambiental.

Estas medidas, de necesidad pública, deben tener carácter preventivo y de orientación a las poblaciones que habitan en estas zonas, para que hagan un uso adecuado y responsable del recurso hídrico, asegurando su disponibilidad y calidad. Una forma de incentivar el cuidado y la protección de las cabeceras de cuenca por parte de estas poblaciones puede ser priorizarlas como beneficiarias de los diferentes programas nacionales, así como implementar programas de incentivos para la reubicación o reasentamiento de las poblaciones ubicadas en las cabeceras de las cuencas en peligro, como medida para reducir su vulnerabilidad. Siempre en el marco del Convenio 169 y la Ley de Consulta Previa.

Al mismo tiempo, se debe fortalecer la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que deberá establecer los límites de las cabeceras de cuencas y actualizar permanentemente la información de su estado situacional.

Asimismo, deben aplicarse sanciones más drásticas a quienes contaminan impunemente, so pretexto de actividades productivas o industriales; para lo cual deben modificarse el Código Penal y la Ley de Recursos Hídricos.

Estas son las propuestas principales del proyecto de ley Nº 2553, que presentamos en agosto de 2013 y que deberá tener prioridad en el debate de las comisiones Agraria y de Medioambiente al iniciarse la legislatura en marzo próximo. 

Estamos en el Año de la Industria Responsable y del Compromiso Climático, lo cual supone que los diversos poderes públicos y los diferentes niveles de gobierno debemos asumir responsabilidades con el uso racional de los recursos naturales y lograr un desarrollo sustentable.