Mollohuanca es denunciado por fiscalía por "instigar"

Demanda. El alcalde de la provincia cusqueña de Espinar será denunciado por la fiscalía como "instigador" de las protestas contra la minera Xstrata Tintaya y ya no solo como autor mediato. Su próxima audiencia es el 26 de octubre en Ica.

La situación se complica para el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Óscar Mollohuanca, para el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán, y para otros cinco implicados en las protestas contra el accionar de la minera Xstrata Tintaya, ocurridas entre el 21 y el 30 de mayo del 2012.

Y es que cuando se creía que el primer juzgado de investigación preparatoria de Ica archivaría la denuncia por los desmanes ocurridos en Espinar, la fiscal provincial penal de Ica, María Ana Ley Tokumori, cambió la acusación de "autores mediatos" a "instigadores" de los delitos de atentado contra la seguridad común y otros.

Se debe recordar que en esa protesta varios policías resultaron heridos y murieron dos campesinos. Mollohuanca y Huamán son acusados de "instigar" esta violenta revuelta. La fiscal hace un mes ya solicitó 10 años de prisión para los implicados, y al variar el tipo de acusación intenta darle mayor peso a la hipótesis de culpabilidad.

Esto preocupa al dirigente Herbert Huamán, quien ve reducidas sus opciones de defensa porque el juicio se desarrolla en Ica. En mayo del 2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió remitir el caso fuera del Cusco, pues no existían garantías para los fiscales. Huamán asegura que esto es falso. Exige que el proceso regrese a Cusco pues la distancia complica la asistencia a las audiencias.

"Es un abuso de autoridad que el caso esté en Ica. Esto atenta contra nuestra economía y nuestra capacidad de defendernos. El caso no amerita que esté en otra ciudad, la población de Espinar está calmada", aseguró Huamán.

Por otro lado, calificó la acusación que pesa en su contra como una venganza del gobierno central por el hecho de que Espinar protestó contra la empresa minera.

"Para nosotros esto demuestra que quieren criminalizar las protestas sociales. Estas ocurren porque simplemente las autoridades nunca responden los petitorios, nos cansamos de esperar", afirmó.

 Asimismo, Huamán considera que la única manera de llamar la atención del gobierno o la empresa minera es protestando. Es decir que, desde su perspectiva, solo ve la protesta como un medio para conseguir la atención requerida de parte de las instituciones.
 El acusado confirmó que tanto Mollohuanca como él continuarán trabajando en su defensa, porque "no hay pruebas" contra ellos.  

La siguiente audiencia será el sábado 26 de octubre en la región Ica.
A todo esto debe mencionarse que la fiscal que ha presentado la denuncia contra el alcalde Óscar Mollohuanca y los demás dirigentes de Espinar es María Ley Tokumori, de la Primera Fiscalía Penal Provincial de Ica.

"La naturaleza de la actuación es eminentemente dolosa, pues como se ha descrito los imputados participaron a título de autor mediato y directo en los actos de violencia", señaló Ley Tokumori, el día en que pidió 10 años de condena para Mollohuanca.

Sin embargo, para Maritza Quispe, abogada del Área Legal de la organización Derechos Humanos sin Frontera, que brinda apoyo a los acusados, "la acusación es débil y no tiene fundamentos".