LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ
Corrupción
y seguridad ciudadana
Desde una perspectiva
histórica, el Perú ha sido profundamente afectado por una
corrupción
administrativa y estatal, que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial
hasta nuestros días, lo que ha limitado el desarrollo y el progreso del país. Si
bien no existe un concepto bien definido de corrupción, se puede entender como
práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera
directa o indirecta, Por su
parte, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 define la
corrupción como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de
carácter económico o no, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro
de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona.
En el transcurso del
tiempo, se ha comprobado que la corrupción afecta de manera negativa el
desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político,
la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad; en otras palabras, afecta
la gobernabilidad democrática.
En este Plan, interesa destacar la relación
que existe entre la corrupción y la seguridad ciudadana: a mayor corrupción,
menor seguridad ciudadana.
Los resultados de
diversas investigaciones han demostrado que, en varios países de la región, la
corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar
y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.
En ese sentido, la corrupción de funcionarios
públicos es, con frecuencia, un producto de la delincuencia organizada. Los
individuos que participan en actividades ilícitas graves y rentables invariablemente
cuentan en algún momento con el apoyo de funcionarios públicos corruptos. Tan
estrecha es la relación entre corrupción y seguridad que se llega afirmar que la
corrupción es necesaria para el funcionamiento de la delincuencia organizada, y
que la capacidad de los grupos delictivos organizados para crecer y tener éxito
depende en gran medida de las relaciones que establezcan con funcionarios
corruptos.
Asimismo, se ha constatado la influencia de la
corrupción en las entidades participantes de la seguridad ciudadana y sus
diversas manifestaciones, dependiendo del actor de que se trate.
En el caso de la Policía,
son tres los principales niveles de corrupción.
El primero corresponde al
área administrativa e incluye los oscuros manejos de recursos humanos y
económicos. El segundo es el nivel operativo, aquel relacionado con la prestación
de servicios de la Policía y donde determinadas unidades policiales tienen un amplio
margen de maniobra para protagonizar actos de corrupción. Y el tercer nivel es
el ámbito político, el cual abarca el intercambio de privilegios, prebendas y
prerrogativas gubernamentales a cambio de protección y mal entendida lealtad
policial. Por diversas razones, la corrupción operativa también tiene efectos
devastadores, como la administrativa. Primero, porque si el servicio público
tiene un precio, se vulnera su carácter universal y gratuito; se generan
barreras para el acceso a la justicia, que afectan a los más pobres; y se hace
tabla rasa de la imparcialidad de los funcionarios públicos, socavando su
legitimidad.
Segundo, la vulnerabilidad
a la corrupción destruye, en el proceso, el principio de legalidad y el respeto
a los derechos humanos, que son los pilares del Estado de derecho, y ata de
manos a las instituciones del sistema para hacer cumplir la ley, que es su
razón de ser.
Con frecuencia, la
corrupción administrativa y la operativa en forma extendida prosperan y se
consolidan cuando son, por lo menos, toleradas por las autoridades políticas,
que no hacen uso de su autoridad para ponerles freno. Como resulta obvio, las
políticas públicas están reñidas con la corrupción, pues su
propósito es obtener el
mayor bienestar colectivo posible, mientras que el de la corrupción es obtener
el mayor beneficio del corrupto y del corruptor. Existe, además, una segunda incompatibilidad,
que se deriva de las funciones esenciales de la política de seguridad ciudadana,
que es la de aplicar la ley, así como prevenir y combatir el delito.
Por otro lado, existen
cuatro elementos que contribuyen a crear oportunidades para las distintas
formas de corrupción, a saber: la existencia de un poder monopólico, una alta discrecionalidad de quien lo ostenta, la
falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y la ausencia de
mecanismos de rendición de cuentas. En la reciente encuesta nacional sobre
percepciones de la corrupción en el Perú, que publica Pro ética en julio de
2012, en el capítulo peruano de Transparencia Internacional, la corrupción es
percibida como el segundo problema nacional más importante, solo superado por
el problema de la delincuencia. En esa encuesta, el Poder Judicial y la Policía
Nacional, junto con el Congreso, aparecen como las instituciones más corruptas
y las menos confiables para enfrentar el fenómeno. Por otro lado, llama la
atención la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia las situaciones de
corrupción, que son rechazadas solo por uno de cada tres encuestados.
Al respecto, el Plan Nacional de Lucha contra
la Corrupción 2012-2016 sostiene
que la lucha contra la
corrupción implica, por lo menos, dos enfoques complementarios.
Uno de los enfoques se
concentra en el combate frente a los actos de corrupción realizados y el otro
enfoque pone el énfasis en acciones preventivas de los posibles actos de corrupción
que se puedan cometer. En tanto la corrupción espera mayores ganancias frente a
los posibles riesgos de detención y castigo,24 las medidas de mitigación
consistirán en reducir el número de transacciones sobre las cuales se dispone
una gran discrecionalidad por parte de los agentes, reducir el espectro de
posibles ganancias, incrementar el número de controles e incrementar la
severidad de los mecanismos punitivos. Es en este contexto que el sector
Interior, en el marco de la Ley N° 29915, que delega facultades en materia de
reforma de la legislación orientada al fortalecimiento del sector Interior, ha
emitido una serie de medidas para promover la rendición de cuentas y enfrentar
la corrupción desde las mismas instituciones que conforman el sector.
Una de ellas está
constituida por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
que crea el Órgano de Inspectoría General como aquel encargado de las funciones
de supervisión, investigación y control previo de los asuntos disciplinarios policiales
y de los organismos del sector Interior. Dentro de su estructura orgánica,
cuenta con un Tribunal de Disciplina Policial como última instancia
administrativa en el procedimiento administrativo disciplinario policial por
infracciones muy graves.
El tribunal se encuentra
conformado por civiles, quienes, al no encontrarse vinculados a la institución,
podrán realizar un análisis objetivo de los casos de corrupción policial.
La inseguridad ciudadana se
define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones,
de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales
características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo
en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima
generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa
transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre
en la sociedad.
La inseguridad ciudadana es un problema que
relaciona los aspectos social, cultural, económico, educativo y político de un
país. En los últimos años, la inseguridad ha ido creciendo y, con eso, el
constante reclamo a las autoridades, por parte de la sociedad, para que
trabajen contra la expansión de este problema. Pero no solo basta con reclamar,
sino que debemos estar bien informados y tener conocimiento (causas,
consecuencias y posibles soluciones) de esta problemática: el fenómeno de
inseguridad ciudadana no diferencia estratos sociales.
Entre las causas de inseguridad
que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las
personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos
lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice
ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar
agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que,
generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente)
educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto,
inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los
que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices
delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta
menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia
y al crimen serán.
