LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ

Corrupción y seguridad ciudadana

Desde una perspectiva histórica, el Perú ha sido profundamente afectado por una

corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días, lo que ha limitado el desarrollo y el progreso del país. Si bien no existe un concepto bien definido de corrupción, se puede entender como práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta,  Por su parte, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 define la corrupción como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona.

En el transcurso del tiempo, se ha comprobado que la corrupción afecta de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad; en otras palabras, afecta la gobernabilidad democrática.

 En este Plan, interesa destacar la relación que existe entre la corrupción y la seguridad ciudadana: a mayor corrupción, menor seguridad ciudadana.

Los resultados de diversas investigaciones han demostrado que, en varios países de la región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas.

 En ese sentido, la corrupción de funcionarios públicos es, con frecuencia, un producto de la delincuencia organizada. Los individuos que participan en actividades ilícitas graves y rentables invariablemente cuentan en algún momento con el apoyo de funcionarios públicos corruptos. Tan estrecha es la relación entre corrupción y seguridad que se llega afirmar que la corrupción es necesaria para el funcionamiento de la delincuencia organizada, y que la capacidad de los grupos delictivos organizados para crecer y tener éxito depende en gran medida de las relaciones que establezcan con funcionarios corruptos.

 Asimismo, se ha constatado la influencia de la corrupción en las entidades participantes de la seguridad ciudadana y sus diversas manifestaciones, dependiendo del actor de que se trate.

En el caso de la Policía, son tres los principales niveles de corrupción.

El primero corresponde al área administrativa e incluye los oscuros manejos de recursos humanos y económicos. El segundo es el nivel operativo, aquel relacionado con la prestación de servicios de la Policía y donde determinadas unidades policiales tienen un amplio margen de maniobra para protagonizar actos de corrupción. Y el tercer nivel es el ámbito político, el cual abarca el intercambio de privilegios, prebendas y prerrogativas gubernamentales a cambio de protección y mal entendida lealtad policial. Por diversas razones, la corrupción operativa también tiene efectos devastadores, como la administrativa. Primero, porque si el servicio público tiene un precio, se vulnera su carácter universal y gratuito; se generan barreras para el acceso a la justicia, que afectan a los más pobres; y se hace tabla rasa de la imparcialidad de los funcionarios públicos, socavando su legitimidad.

Segundo, la vulnerabilidad a la corrupción destruye, en el proceso, el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos, que son los pilares del Estado de derecho, y ata de manos a las instituciones del sistema para hacer cumplir la ley, que es su razón de ser.

Con frecuencia, la corrupción administrativa y la operativa en forma extendida prosperan y se consolidan cuando son, por lo menos, toleradas por las autoridades políticas, que no hacen uso de su autoridad para ponerles freno. Como resulta obvio, las políticas públicas están reñidas con la corrupción, pues su

propósito es obtener el mayor bienestar colectivo posible, mientras que el de la corrupción es obtener el mayor beneficio del corrupto y del corruptor. Existe, además, una segunda incompatibilidad, que se deriva de las funciones esenciales de la política de seguridad ciudadana, que es la de aplicar la ley, así como prevenir y combatir el delito.

Por otro lado, existen cuatro elementos que contribuyen a crear oportunidades para las distintas formas de corrupción, a saber: la existencia de un poder monopólico, una alta  discrecionalidad de quien lo ostenta, la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. En la reciente encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, que publica Pro ética en julio de 2012, en el capítulo peruano de Transparencia Internacional, la corrupción es percibida como el segundo problema nacional más importante, solo superado por el problema de la delincuencia. En esa encuesta, el Poder Judicial y la Policía Nacional, junto con el Congreso, aparecen como las instituciones más corruptas y las menos confiables para enfrentar el fenómeno. Por otro lado, llama la atención la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia las situaciones de corrupción, que son rechazadas solo por uno de cada tres encuestados.

 Al respecto, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 sostiene

que la lucha contra la corrupción implica, por lo menos, dos enfoques complementarios.

Uno de los enfoques se concentra en el combate frente a los actos de corrupción realizados y el otro enfoque pone el énfasis en acciones preventivas de los posibles actos de corrupción que se puedan cometer. En tanto la corrupción espera mayores ganancias frente a los posibles riesgos de detención y castigo,24 las medidas de mitigación consistirán en reducir el número de transacciones sobre las cuales se dispone una gran discrecionalidad por parte de los agentes, reducir el espectro de posibles ganancias, incrementar el número de controles e incrementar la severidad de los mecanismos punitivos. Es en este contexto que el sector Interior, en el marco de la Ley N° 29915, que delega facultades en materia de reforma de la legislación orientada al fortalecimiento del sector Interior, ha emitido una serie de medidas para promover la rendición de cuentas y enfrentar la corrupción desde las mismas instituciones que conforman el sector.

Una de ellas está constituida por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, que crea el Órgano de Inspectoría General como aquel encargado de las funciones de supervisión, investigación y control previo de los asuntos disciplinarios policiales y de los organismos del sector Interior. Dentro de su estructura orgánica, cuenta con un Tribunal de Disciplina Policial como última instancia administrativa en el procedimiento administrativo disciplinario policial por infracciones muy graves.

El tribunal se encuentra conformado por civiles, quienes, al no encontrarse vinculados a la institución, podrán realizar un análisis objetivo de los casos de corrupción policial.

La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.

 La inseguridad ciudadana es un problema que relaciona los aspectos social, cultural, económico, educativo y político de un país. En los últimos años, la inseguridad ha ido creciendo y, con eso, el constante reclamo a las autoridades, por parte de la sociedad, para que trabajen contra la expansión de este problema. Pero no solo basta con reclamar, sino que debemos estar bien informados y tener conocimiento (causas, consecuencias y posibles soluciones) de esta problemática: el fenómeno de inseguridad ciudadana no diferencia estratos sociales.

Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia. 
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad. 
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación. 
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.