Trabajo decente para el desarrollo social

César Yrupailla MontesCongresista de la República

En el Día Internacional del Trabajo, en que se recuerda la gesta heroica de los obreros de Chicago en 1886 por conquistar la jornada de las ocho horas, la comunidad internacional ratifica la urgencia de poner el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos en el centro del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Así lo señala la ONU en su propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el Perú, en los últimos años, se han logrado avances significativos como el incremento del salario mínimo vital, la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las medidas a favor de las pymes para promover empleos de calidad.

Sin embargo, aún hay importantes retos por superar y se requieren medidas urgentes para garantizar la protección al trabajador. Entre ellas está la aprobación de la ley que establece el procedimiento para el pago de adeudos laborales, originada en el proyecto de ley Nº 2011, de mi autoría.

Desde 1992, el interés legal fijado para las deudas laborales (correspondientes a remuneraciones y beneficios sociales) es mucho menor a otro tipo de deudas financieras, comerciales o tributarias, por lo cual algunos empleadores prefieran pagar cualquier otra obligación perjudicando a los trabajadores.

Esta iniciativa busca superar la discriminación en el tratamiento de las deudas laborales, que deben tener preferencia según el artículo 24º de la Constitución. Estas deudas generarán intereses capitalizables cuando exista un pronunciamiento legal definitivo sobre el incumplimiento del empleador. Así se compensará realmente al trabajador por el perjuicio de no haber contado, oportunamente, con sus salarios o beneficios sociales y no verá afectado su poder adquisitivo.

Asimismo, para consolidar las medidas de protección social, he presentado el proyecto de ley Nº 3498, que propone extender el beneficio de bonificación por asignación familiar (Ley Nº 25129) a los trabajadores que tengan hijos con incapacidad severa, que conlleve a su dependencia absoluta y permanente, aunque estos sean mayores de 18 años.

Ambas iniciativas tienen dictámenes favorables por unanimidad de la Comisión de Trabajo y están en la orden del día del pleno del Congreso. Urge que se otorgue la prioridad necesaria para aprobar estas normas largamente esperadas por amplios sectores laborales.

Es el merecido reconocimiento al esfuerzo de millones de hombres y mujeres que, con su trabajo, contribuyen cada día al engrandecimiento de la patria.