Peruanos ya conocen a sus rivales en la Copa libertadores

La Euroliga continúo su marcha y dejó los siguientes resultados: el Eintracht Frankfurt venció por 2-0 al Apoel Nicosia por el Grupo F y terminó como líder con 15 puntos. El ‘León’ Carlos Zambrano no fue de la partida en el once teutón. En tanto, la Fiore

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Sporting Cristal medirá fuerzas en la primera fase de la Libertadores ante el Atlético Paranaense de Brasil.

Asunción
En una ceremonia a todo lujo, donde se homenajeó a ex grandes figuras del fútbol sudamericano, entre ellos el recordado Christian ‘Chucho’ Benítez, se llevó a cabo el sorteo de la edición 55 de la Copa Libertadores de América. También se hizo un reconocimiento meritorio a Julio Meléndez, ex zaguero de Boca Juniors. ‘El Negro y su ballet’ tuvo algunos inconvenientes para viajar a la ciudad de Asunción y su condecoración fue recibida por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga Seoane.
En esta reunión futbolera, Universitario, Real Garcilaso y Sporting Cristal conocieron a sus rivales.
Cristal, quien buscará clasificar a la fase de grupos, tendrá que superar al Atlético Paranaense en la etapa preliminar del torneo más importante del continente. Los celestes serán locales en el partido de ida el 29 de enero. En tanto, el campeón nacional (Perú 1) se ubicó en el Grupo 1 junto a Vélez Sarsfield de Argentina, Bolivia 2 (The Strongest) y el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Atlético Paranaense.
Por su parte, el subcampeón del torneo Descentralizado (Perú 2) enfrentará a Cruzeiro, Defensor Sporting y el ganador de Chile 3 y Guaraní de Paraguay en el Grupo 5.    Como se recuerda, la Copa Libertadores fue diseñada en los tiempos de Teófilo Salinas cuando era presidente de la Conmebol. Este mítico trofeo pesa 10 kilos 800 gramos.
Los otros grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo 2: Unión Española, Argentina 3, Independiente José Terán y ganador 2 (Deportivo Quito o Botafogo). Grupo 3: Cerro Porteño, O’ Higgins, Deportivo Cali, ganador 4 (Caracas o Argentina 5). Grupo 4: Atlético Mineiro, Nacional (Paraguay), Zamora y ganador 5 (Morelia o Santa Fe). Grupo 6: Newell’s Old Boys, Gremio, Atlético Nacional de Medellín y ganador 6 (Oriente Petrolero o Nacional de Montevideo). Grupo 7: Bolívar, Flamengo, Emelec y León. Grupo 8: Peñarol, Arsenal, Anzoátegui y Santos.       

Presidente del Poder Judicial pide a jueces suspender “huelga blanca” (ampliación)  

Lima, dic. 12 (ANDINA). El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, invocó hoy a los jueces del país a suspender la denominada “huelga blanca”, en demanda de incrementos salariales, y los instó a retornar a sus actividades para que la población pueda ser atendida sin contratiempos.

ANDINA/Juan Carlos Guzmán

Consideró necesario que los magistrados retornen a sus actividades ordinarias y estimó que espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo en relación con esta demanda salarial, luego de las conversaciones con el Poder Ejecutivo de la víspera.

“Invoco a los jueces de la República a que suspendan esta una inactividad, llamada también 'huelga blanca', porque no está permitida. Estoy seguro que voy a ser comprendido y escuchado, porque el servicio público debe mantenerse de manera permanente”, expresó.

La propuesta salarial planteada por el Poder Ejecutivo permitiría que el sueldo de un juez superior pase de S/. 12,000 a S/. 14,400; mientras el de un juez de especializado de S/. 9,000 a S/. 12,400; y el de los jueces de paz o de primera instancia, de S/. 6,000 a S/. 7,800.

En tanto, con la pretensión propuesta por el Poder Judicial, el sueldo de un magistrado pasaría de S/. 12,000 a S/. 21,500, mientras que un juez especializado elevaría sus ingresos de S/. 9,000 a 18,500; y un juez de paz letrado, de S/. 6,000 a S/. 16,500.

Al respecto, Mendoza Ramírez aseguró que en la práctica los haberes planteados por los jueces “son mucho menores”, pues están sujetos a todos los descuentos y retenciones de ley.

“No son haberes escandalosos y se ha optado por la progresividad a lo largo de tres o cuatro años. Invoco a los jueces a que depongan cualquier actitud para que vuelvan a sus trabajos ordinarios y el público pueda ser atendido como se debe”, recalcó.

Los jueces, cuyas pretensiones salariales apuntan a ganar por encima de los ingresos de un ministro de Estado, se reúnen en salas plenas, en las que discuten asuntos básicamente doctrinarios, dejando de lado la atención de los juicios y las audiencias.

El titular de la Corte Suprema de Justicia se reunió hoy con el presidente del Congreso, Fredy Otárola; para dialogar sobre el incremento salarial de los jueces y al proyecto de ley de fortalecimiento del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de Ministros.

Mendoza arribó al Parlamento al promediar el mediodía y fue recibido en el despacho de Otárola, donde sostuvieron un encuentro privado que duró alrededor de 10 minutos, informaron voceros del Poder Legislativo.

Posteriormente, el titular del Poder Judicial abandonó el recinto para dirigirse a un ambiente contiguo para reunirse con otros congresistas del la República y, luego de ello, brindó declaraciones a la prensa.

Capriles y Maduro

Por: Juan Antonio Muller

La oposición tiene que buscar mecanismos de conexión con las clases populares.

De los resultados del pasado 8D y por encima de los análisis sobre quién ganó el voto popular y la mayoría de las alcaldías o quién se impuso en las más importantes capitales del país surgen dos claros y diferenciados liderazgos el de Capriles por la oposición y el de Maduro por el oficialismo.

Partimos del hecho incontrovertible que las elecciones municipales motiva un menor porcentaje de electores que las presidenciales y regionales. No obstante el que haya votado el 59% de los votantes es ya de por sí un logro digno de destacar, pues estamos hablando de una mayoría consciente de su deber ciudadano que constituye sin duda un voto duro en ambos lados del espectro político.

La realidad confirma que tanto el liderazgo de Maduro como el de Capriles representan a cabalidad dos modalidades muy bien diferenciadas. El liderazgo oficialista se fundamenta en populismo que en cierto modo denigra a la persona pues mata su iniciativa y emprendimiento, mientras que el liderazgo opositor, carente de recursos financieros, se ha visto forzado a apelar al deber ciudadano para combatir el soborno de los sectores más necesitados.

Mientras la renta petrolera de cientos de millardos de dólares pueda ser manejada de forma discrecional sin controles, el oficialismo podrá continuar con su modelo. Bástele mantener sometidos a los otros poderes, la Contraloría y la Fiscalía.

La oposición sí está obligada a revisar su estrategia. Tiene que salirse de los ghettos de clase media y buscar mecanismos de conexión con las clases populares, tal como lo ha hecho el alcalde Ocariz en Petare. Si no cambia rumbo podrá decir a los cuatro vientos que el país está dividido en dos bloques pero su parte seguirá siendo insuficiente para alzarse con el poder presidencial.

Uniforme único universitario

Sería dañino para la educación que se apruebe el proyecto de ley universitaria

(Archivo El Comercio)

A yer, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen en mayoría del controversial proyecto de ley universitaria que viene trabajando hace varios meses.

Nueva ley universitaria: cinco claves del cuestionado dictamen

Diese la impresión de que los autores del proyecto, siendo conscientes de que han sido acusados repetidamente de intervencionistas, se han esforzado por incluir un artículo que señala expresamente que “el Estado reconoce la autonomía universitaria”. Ahora bien, se trata de un esfuerzo que podrían haberse ahorrado, pues el resto de la propuesta no hace más que contradecir el mencionado artículo. Y es que, de aprobarse el proyecto, el Gobierno tendría la posibilidad de intervenir en temas sobre los que hoy en día las universidades públicas y privadas tienen libertad de determinación. Entre sus flamantes facultades, el Estado podría decidir en última instancia sobre la organización, autoridades, presupuesto, carreras y currículos de cada institución. De la autonomía, los autores del proyecto no quieren dejar más que la cáscara.

Así, el efecto de la aprobación del proyecto sería que la sociedad pasaría de tener una multiplicidad de opciones de educación universitaria pública y privada a contar con una sola opción: la que le provoque a la burocracia de turno. En vez de que cada uno pueda elegir el traje que mejor le siente, la Comisión de Educación parece querer que todos los alumnos vistan una suerte de uniforme único.

Un uniforme, por cierto, que será determinado por un grupo de iluminados burócratas que además habrán de cumplir una actividad tramitológica de proporciones titánicas. Después de todo, entre otras funciones, la superintendencia nacional de educación universitaria que crearía la ley estaría encargada de aprobar todos los planes de estudio que obligatoriamente se revisarían cada tres años en todo el país. Esto quiere decir que deberá examinar cada curso, de cada carrera, de cada facultad, de cada universidad del Perú, lo que en un estimado conservador asciende a la revisión de más 133 mil sílabos cada tres años (sin tener en cuenta el porcentaje que regresaría debido a que fue desaprobado la primera vez).

Los problemas del proyecto, lamentablemente, no terminan ahí. De convertirse en ley, el poder arbitrario que tendría el Estado para intervenir en las universidades le otorgaría la facultad de acallar cualquier movimiento político que surja en ellas. Una facultad, dicho sea de paso, muy conveniente para gobiernos con planes autoritarios, pues en muchas oportunidades las universidades han probado ser el espacio donde una oposición democrática ha podido florecer. Como ejemplo, basta recordar las manifestaciones estudiantiles que se opusieron a Fujimori una vez que se descubrió la corrupción en su régimen.

Por otro lado, tampoco se puede dejar de mencionar el fuerte sesgo antiprivado que tiene el proyecto y que se traduce en que se quiera expropiar a estas instituciones –a las que se las ha llegado a comparar con “hongos”– de su poder de gestión y organización. Un sesgo que parte de un prejuicio: que la promoción de las universidades privadas que se dio a partir de la década de 1990 impactó negativamente en la educación. Y afirmamos que es un prejuicio, pues no existe evidencia que demuestre que esto sea así.

Lo que sí hay, sin embargo, son datos sobre cómo, gracias a las universidades privadas, son más los jóvenes que año a año pueden acceder a una educación superior. De 1995 al 2010, las universidades privadas aumentaron considerablemente la cobertura educativa, permitiendo que el número de jóvenes que estudian en ellas crezca en más de 300 mil y logrando albergar al día de hoy a más del 60% de la población universitaria. Eso no es todo. Han hecho esto, además, consiguiendo una mayor satisfacción por parte de los alumnos que sus pares públicas. Según las recientes cifras disponibles del INEI, más de 82% de los estudiantes de pregrado de universidades privadas percibe que la calidad de la formación profesional que recibe es excelente o buena, mientras que esta cifra desciende a menos del 60% en el caso de los estudiantes del sistema público. El mismo patrón se repite en lo que toca a la calidad de los docentes (60% vs. 33%), al servicio de biblioteca (55% vs. 33%) y a los servicios culturales (53% vs. 36%).

En fin, no alcanza este espacio para enumerar el rosario de problemas que generaría el proyecto si se aprobase. Pero lo que queda claro es que los principales perdedores serían los alumnos que pretende proteger.

La palanca minera

El presidente debe posibilitar varios Toromochos más

Es auspicioso que el presidente Ollanta Humala haya inaugurado el inicio de operaciones del proyecto minero Toromocho, una inversión que alcanzará los US$4.820 millones, que está ubicada en Morococha (Yauli, Junín) y sobre la que hoy informamos en nuestra página B4. Un proyecto de una envergadura tal que, según el gobierno, incrementará –él solo– en 17% la producción cuprífera nacional, mientras que, conforme al presidente del BCR, posibilitará –también él solo– que podamos proyectar para el próximo año un crecimiento de 6% –frente al 5,1% o 5,2% de este año–.

En esta inauguración, el presidente pudo ver en persona lo que se perfila como una “minería moderna” (en sus palabras), la que, en este caso, por ejemplo limpió el efluente ácido del túnel Kingsmill, un pasivo ambiental heredado que contaminaba el río Yauli y el Mantaro. Esto, aún antes de comenzar a operar (y a un costo de US$50 millones).

Estando en Toromocho, el presidente también habrá podido enterarse por sí mismo de cómo el aporte de este proyecto no se limitará a los recursos fiscales que generará y que luego se podrán redistribuir para mejorar los servicios esenciales. Tampoco a los 10 mil puestos de trabajo directo e indirecto que creará, ni al desarrollo comunal y regional que ya viene produciendo. El presidente podrá haber visto, esto es, cómo este proyecto ha dado lugar también, a partir de la construcción de la mina y de la planta concentradora, a una gran demanda de sofisticados productos industriales, adquiridos en su gran mayoría a la pujante –gracias al ‘boom’ minero– industria metalmecánica nacional. Y eso, para no hablar de los servicios de ingeniería, construcción, transporte, alimentación y otros que la mina contrata también en el mercado nacional.

En otras palabras, el presidente podrá haber visto con sus propios ojos cómo la minería es mucho más que la extracción de minerales y genera por sí misma encadenamientos y diversificación económica. Sería muy positivo que el presidente haya notado todo esto porque podría ayudar a cambiar su idea de que solo produciendo más cobre, oro o plata “no vamos a ninguna parte” y nos quedamos más bien como “un país del cuarto mundo”, no “industrializado”. Una idea errónea no solo porque no es cierto que la industrialización es la única vía al desarrollo, sino también porque la minería puede ser justamente la gran palanca para industrializar y diversificar económicamente el país (la minería compra el 15% de lo que produce la industria nacional), además de para financiar las indispensables inversiones estatales por las que pasa el camino al primer mundo (solo con US$12.300 millones adicionales que, según se calculó en el CADE, recaudaría el Gobierno si se ejecutase toda la cartera minera que tenemos, se podría financiar 3,64 veces todo el presupuesto que tuvo el sector educación este año).

Decimos lo anterior porque la falta de convicción que hasta ahora ha mostrado el presidente para empujar la inversión minera ha coadyuvado a crear una situación descorazonadora para el futuro de este sector-locomotora de nuestra economía. Y es que el destino próximo de nuestra minería se parece a la visión que tenían los antiguos sobre el mar Mediterráneo: nos quedan un par de años más de nuevos proyectos mineros para navegar pero, después de eso, el “non terrae plus ultra”, el vacío, la caída.

En efecto, Toromocho está empezando operaciones para ayudarnos a sostener el ritmo del crecimiento del 2014, y luego tenemos Las Bambas, Constancia y la ampliación de Cerro Verde para sostener el efecto en el 2015 y el 2016. Pero después de eso, nada. Solo proyectos detenidos en medio un fárrago de trámites burocráticos irracionales y lentos, cuando no duplicados, o de protestas sociales que vuelven en letra muerta los permisos ya (dificultosamente) conseguidos. Y cuidado que varios de estos proyectos –como Conga, Quellaveco, Michiquillay, Galeno o la Granja– tienen un tamaño suficiente como para solventar varios años más de un crecimiento similar al que venimos experimentando hasta hoy.

Todo esto, en fin, es riqueza que está ahí, esperando para pasar de la potencia a la realidad. Ojalá, pues, que esta visita a Toromocho pueda ayudar a convencer al presidente de liderar personalmente los cambios necesarios para que esta concreción se dé y para aprovechar así la minería a fin de asegurarles al crecimiento y a la reducción de la pobreza, desde su gobierno, un plus ultra largo y prometedor.

Tribunal Constitucional archivó caso Majes Siguas II

Martes 26 de Noviembre 2013

Por: Heriberto Chullo Taco

El Tribunal Constitucional (TC) determinó la conclusión y archivamiento del proceso de amparo que el Gobierno Regional de Cusco impuso contra el Gobierno Regional de Arequipa y ProInversión, por la ejecución del Proyecto Majes – Siguas II. En noviembre del 2011, el Tribunal Constitucional ordenó  la realización de un nuevo "Estudio técnico de balance hídrico integral”, sobre el mencionado proyecto, con la característica que tenga un nivel tripartito entre  Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa. Este estudio debía ser remitido al TC a efectos de disponer el archivo definitivo del presente proceso constitucional. Luego de dos años, el jefe de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) presentó el “Nuevo y Definitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral”, el cual satisface los estándares internacionales y la normatividad de la materia, otorgándole su conformidad. Frente a este escenario, el Supremo Intérprete de la Constitución dio por cumplido el mandato del 2011, por lo que declaró la conclusión y archivo definitivo del proceso de amparo. Días antes, las autoridades regionales de Cusco expresaron su deseo que el TC les dé la razón, sin embargo, se comprometieron a respetar el fallo.  El 3 de diciembre de 2013  La Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó los resultados del nuevo y definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta del Apurímac (EBHICA), que concluye la existencia de suficiente disponibilidad hídrica para el desarrollo de proyectos en los departamentos de Cusco y Arequipa.  Dichos resultados se presentaron y entregaron en dos reuniones técnicas lideradas por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva y el Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad,  Vladimiro Huaroc a los presidentes de los Gobiernos regionales de Cusco y Arequipa, Jorge Acurio y Juan Manuel Guillén, respectivamente. En su exposición el jefe de la ANA, Jorge Montenegro Chavesta, destacó la presencia de congresistas de la República que representan a ambas regiones, así como a los cinco alcaldes de la provincia de Espinar. Montenegro detalló que los estudios determinan que el potencial hídrico de la cuenca del río Apurímac está garantizado aun  considerando los efectos del cambio climático, y remarcó la necesidad de contar con obras de infraestructura hidráulica, que permitan almacenar el agua en época de lluvias  (diciembre a marzo) para aprovecharla en época de seca (o falta de lluvias).   Para garantizar la demanda de agua a ambas regiones, la ANA presentó los avances de los proyectos de afianzamiento hídrico identificados en los ocho distritos de la provincia de Espinar y que servirán en atender sus demandas actuales y futuras. Se identificaron un total de 20 proyectos con obras que van desde presas, represas y revestimiento de canales para Espinar, 4 han sido priorizados por la ANA y otros incorporados al programa “Mi Riego” con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), dos de ellos incluso ya se ha  iniciado con estudios topográficos, geológicos, etc. Estos proyectos beneficiarán a 2800 familias y elevarán el área agrícola de Espinar de 3,000 a 6000 hectáreas adicionales, aseguró Montenegro.  Para concretar dichos importantes proyectos para Espinar, el presidente del Consejo de Ministros gestionará el financiamiento de los mismos hasta por una suma de S/. 354 millones en el plazo de 3 años.  La ejecución de los proyectos estará a cargo de la ANA y el Plan Meriss (Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva), en coordinación con los alcaldes distritales de Espinar. El grupo técnico elaborará un cronograma de ejecución de estudios de los proyectos priorizados.  El Plan Meriss actuará como unidad formuladora y ejecutora y la ANA como unidad supervisora, para lo cual la PCM solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia al proyecto Plan Meriss los recursos requeridos hasta por el monto de S/. 20 millones.  El Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Apurímac fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y contó con la no objeción del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismos internacionales que cuentan con los más altos estándares ambientales. El gobierno nacional garantizó la dotación de 5 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua del río Apurímac para la provincia cusqueña de Espinar. Aseguró además obras de irrigación y la construcción de cinco represas por 354 millones de soles. Los compromisos se concretaron  luego de que el premier César Villanueva junto a representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dieran a conocer los resultados del Estudio de Balance Hídrico a la cuenca del Apurímac (EBHCA).  Este documento, vital para la ejecución del proyecto Majes Siguas II, reveló también la existencia de suficiente recurso en la cuenca (1,12O MMC - millones de m3) para la obra arequipeña, así como para los proyectos de irrigación espinarenses, incluso en años denominados "secos". Del caudal total, 92 MMC son para Espinar, 277 MMC son para Arequipa y 76 MMC para el caudal ecológico. Como excedente quedan 677 MMC, que serán usados en obras futuras. Estas conclusiones se expusieron ayer por separado a delegaciones regionales de Cusco y Arequipa. Para asegurar el caudal hídrico de Espinar se instalará una válvula en la represa de Angostura (que derivará agua para Majes II). Esta garantizará la descarga hídrica para los proyectos de Espinar, como el  afianzamiento de 9 mil hectáreas de pastos y la demanda de agua para 360 mil habitantes (12 veces la actual población de Espinar). En ese contexto, el Ministerio de Agricultura mediante resolución 0466-2013, declaró de ejecución prioritaria las represas de Carpintuyoc, Wilacotaccocha, Carhualaca, Tahuapallcca y Soyroccota. Estas se concretarán en tres años.  En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá S/. 20 millones al Plan Meriss de la Región Cusco, para culminar la elaboración de los expedientes técnicos de cerca de 20 proyectos de irrigación. Estos buscan elevar el área agrícola de Espinar de 3 mil a 6 mil hectáreas. "Obtuvimos lo que hemos reclamado”, dijo Acurio. El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y su equipo de asesores también se mostraron satisfechos.  El presidente Acurio demandó al alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y a los dirigentes, que presenten propuestas en vez de protestar.    Luego del archivamiento del caso en el Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, anunció que las obras del proyecto de irrigación Majes-Siguas II empezarán a ejecutarse el 16 de enero de 2014 en la región Arequipa. El primer ministro sostuvo que esta fecha de inicio es el resultado de una etapa de diálogo en el que se intentó resolver las diferencias entre Arequipa y Cusco. En esa línea, refirió que la falta de diálogo había paralizado 700 millones de dólares en inversión, más de 150,000 empleos y más de 40,000 hectáreas regadas con tecnología, situación que cambiará con su puesta en marcha. Asimismo, se iniciará a financiar en Cusco los estudios básicos de reforzamiento hídrico para generar confianza, una  acción que consideró trascendental. Las primeras obras Majes-Siguas II comprenden la apertura de vías de acceso, la instalación del campamento, servicios de saneamiento, electricidad, acopio de materiales de construcción, entre otros. El proyecto considera el trasvase de las aguas desde los ríos Apurímac y Colca por túneles y canales a las pampas de Majes y Siguas, y obras hidráulicas y agrícolas que dinamizan la economía regional. Junto con la incorporación de más de 40,000 hectáreas al agro, el proyecto permitirá mejorar la calidad exportadora de frutas, hortalizas y productos lácteos para los mercados internacionales.

Las imprecisiones de Castilla

Por: Laurence Chunga Hidalgo

En uno de los últimos programas dominicales salió el ministro Castilla para confrontar a los jueces con la ciudadanía. Argumentó que las pretensiones remunerativas de los jueces imposibilitaban mejorar la educación en el país (lo que viene a propósito del examen Pisa, que nos ponen en el último lugar de los países evaluados). Agregó que los jueces pretenden una remuneración mayor a la de un ministro de Estado o que un congresista y, precisó que la remuneración de estos no supera los 15 600 nuevos soles. Esa sería en consecuencia la remuneración de un juez supremo.

Ese monto viene definido por la Ley 28212, que establece que los ministros, jueces supremos y congresistas no pueden superar las 06 URSP (unidades remunerativas para el sector público) que, para este año queda fijado en 2 600 nuevos soles. Siendo así, los superiores, especializados y paz letrados ganarían 14 040, 12 480 y 10 920 nuevos soles respectivamente. Tales son las cantidades que pretendemos como “remuneración” por imperio de la ley, art. 186 inc. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe indicarse que, dicho artículo ha sido modificado por Ley 28901 de 10 de noviembre de 2006, tiempo en que era ministro Luis Carranza Ugarte y el ahora ministro se desempeñaba como jefe de Políticas Públicas y Competitividad de la Corporación Andina de Fomento. Siendo así, esa norma que data de hace veinte años y que se ha incumplido durante tanto tiempo se ha reevaluado y mantiene su vigencia, pese a que el anterior ministro y el actual, desde sus respectivos cargos en el año 2006 pudieron solicitar su modificatoria, como ahora se pretende.

¿Por qué nuestro ministro de Economía dice que los jueces ganarían más que un ministro o que un congresista? ¿Cómo puede que el 90, 80 y 70 por ciento de 15 600.00 puedan dar un monto mayor que el indicado como máximo posible? Lo que no dice el citado es que los congresistas y los supremos tienen otros ingresos distintos a sus remuneraciones. Por ejemplo, son remunerados conforme establece la Ley 28212 pero luego se les otorga una bonificación por tiempo de servicios que alcanza la suma de 3 900 nuevos soles y además una asignación por alta asignación jurisdiccional que llega a 7 617.20 nuevos soles con lo que sus ingresos totales llegan a 27 117.20 soles mensuales. Los congresistas, adicional a su remuneración de 15 600.00 nuevos soles, reciben 15 234.00 soles como gastos de representación, de los que solo dan cuenta en el 30% del mismo.

La norma precisa que, la homologación salarial debe efectuarse “del total que perciban” los jueces supremos es por eso que efectivamente el monto pretendido por los jueces supera las 06 URSP. El propio Tribunal Constitucional así lo ha reconocido. Intentar esas homologaciones conforme al texto expreso de la ley, de un solo tirón, efectivamente generará un resquebrajamiento del equilibrio fiscal. Sin embargo, no es cierto que la judicatura sea intransigente. Se ha esperado más de 20 años ¿entonces que genera al malestar actual?

El desacuerdo proviene de la tentativa de modificar los porcentajes. ¿Por qué el ministro Castilla no dice que el año pasado durante la gestión del Dr. San Martín se logró una ley transicional consensuada con los jueces y que el mismo decidió no presentarla al legislativo pese a que contaba con nuestra aprobación? Esa ley reconocía los porcentajes indicados en la LOPJ pero con el ánimo de no afectar la economía se exponía el cumplimiento escalonado de los mismos, al punto que, con el ánimo de evitar las consecuencias espejo (con los catedráticos estatales) los jueces aceptábamos que nuestra remuneración básica no podía ser mayor a los 3 000, 2 000 y 1 400 soles según la jerarquía y que los saldos restantes se pagarían en bonos o complementos no remunerables. Dichos emolumentos, evidentemente afectan nuestras aportaciones previsionales, sin embargo, conocedores de nuestra realidad económica preferíamos –nuevamente- renunciar a una remuneración mayor.

¿Por qué esa ley no vio la luz? Era una propuesta consensuada y, tenía luz verde en el Congreso, sin embargo el ministro Castilla prefirió no presentarla. ¿Qué le obliga ahora? El temor a una sentencia que el Tribunal Constitucional tiene pendiente y que le podría ser desfavorable.

El significado de Mandela para el futuro amenazado de la humanidad

Por: Leonardo Boff (*)

Nelson Mandela, con su muerte, se ha sumergido en el inconsciente colectivo de la humanidad para ya nunca irse de ahí, porque se ha transformado en un arquetipo universal, de una persona injustamente condenada que no guardó rencor, que supo perdonar, reconciliar polos antagónicos y transmitirnos una inquebrantable esperanza en que el ser humano todavía tiene solución. Después de pasar 27 años en reclusión y ser elegido presidente de Sudáfrica en 1994, se propuso y realizó el gran desafío de transformar una sociedad estructurada en la suprema injusticia del apartheid, que deshumanizaba a las grandes mayorías negras del país condenándolas a ser no-personas, en una sociedad única, unida sin discriminaciones, democrática y libre.

Y lo consiguió al escoger el camino de la virtud, del perdón y de la reconciliación. Perdonar no es olvidar. Las llagas están ahí, muchas de ellas todavía abiertas. Perdonar es no permitir que la amargura y el espíritu de venganza tengan la última palabra y determinen el rumbo de la vida. Perdonar es liberar a las personas de las amarras del pasado, pasar página y empezar a escribir otra a cuatro manos, de negros y de blancos. La reconciliación sólo es posible y real cuando hay plena admisión de los crímenes por parte de sus autores y pleno conocimiento de los actos por parte de las víctimas. La pena de los criminales es la condenación moral ante toda la sociedad.

Una solución de esas, seguramente originalísima, supone un concepto ajeno a nuestra cultura individualista: el Ubuntu que quiere decir: “yo sólo puedo ser yo a través de ti y contigo”. Por tanto, sin un lazo permanente que ligue a todos con todos, la sociedad estará, como la nuestra, en peligro de desgarrarse y de conflictos sin fin.

En los manuales escolares de todo el mundo deberá figurar esta afirmación humanísima de Mandela: “Yo luché contra la dominación de los blancos y luché contra la dominación de los negros. Cultivé el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir juntas en armonía y tengan oportunidades iguales. Este es mi ideal y deseo vivir para alcanzarlo. Pero, si fuera necesario, estoy dispuesto a morir por este ideal”.

¿Por qué la vida y la saga de Mandela fundan una esperanza en el futuro de la humanidad y en nuestra civilización? Porque hemos llegado al núcleo central de una conjunción de crisis que puede amenazar nuestro futuro como especie humana. Estamos en plena sexta gran extinción en masa. Cosmólogos (Brian Swimme) y biólogos (Edward Wilson) nos advierten que, si las cosas siguen como están, hacia 2030 culminará este proceso devastador. Esto quiere decir que la creencia persistente en el mundo entero, también en Brasil, de que el crecimiento económico material nos debería traer desarrollo social, cultural y espiritual es una ilusión. Estamos viviendo tiempos de barbarie y sin esperanza.

Cito a una persona libre de toda sospecha, Samuel P. Huntington, antiguo asesor del Pentágono y un analista perspicaz del proceso de globalización, que al final de su libro El choque de civilizaciones dice: “La ley y el orden son el primer pre-requisito de la civilización; en gran parte del mundo parecen estarse evaporando; a escala mundial, la civilización parece, en muchos aspectos, estar cediendo ante la barbarie, generando la imagen de un fenómeno sin precedentes, una Edad de las Tinieblas mundial que se abate sobre la humanidad”(1997:409-410).

Añado la opinión del conocido filósofo y científico político Norberto Bobbio que como Mandela creía en los derechos humanos y en la democracia, como valores para equilibrar el problema de la violencia entre los Estados y para una convivencia pacífica. En su última entrevista declaró: “no sabría decir cómo será el Tercer Milenio. Mis certezas caen y solamente un enorme punto de interrogación agita mi cabeza: ¿será el milenio de la guerra de exterminio o el de la concordia entre los seres humanos? No tengo posibilidad de responder a esta pregunta”.

Ante estos escenarios sombríos Mandela respondería seguramente, fundándose en su experiencia política: sí, es posible que el ser humano se reconcilie consigo mismo, que sobreponga su dimensión de sapiens a la de demens e inaugure una nueva forma de estar juntos en la misma Casa. Tal vez valgan las palabras de su gran amigo, el arzobispo Desmond Tutu, que coordinó el proceso de Verdad y Reconciliación: “Habiendo encarado a la bestia del pasado frente a frente, habiendo pedido y recibido perdón, pasemos ahora la página. No para olvidar ese pasado sino para no dejar que nos aprisione para siempre. Avancemos en dirección a un futuro glorioso de una nueva sociedad en la que las personas valgan no en razón de irrelevancias biológicas u otros extraños atributos, sino porque son personas de valor infinito, creadas a imagen de Dios”.

Mandela nos deja esta lección de esperanza: nosotros podremos vivir si, sin discriminaciones, hacemos realidad el Ubuntu.