Defensa del Estado de derecho

La defensa del Estado de derecho y la generación de condiciones de desarrollo para el país son las principales tareas del Gobierno, subrayó el presidente de la República, Ollanta Humala, frente a los actos de violencia protagonizados por algunos sectores en la provincia arequipeña de Islay en rechazo al proyecto minero Tía María, labor que cumplirá con el balance requerido entre crecimiento, inversión, protección ambiental y desarrollo social.

Con este compromiso del Jefe del Estado se abre un nuevo capítulo para el proyecto extractivo que ha generado reacciones negativas en algunos frentes de lucha, cuyos dirigentes, lamentablemente, han quedado deslegitimados debido a una serie de denuncias periodísticas que revelaron una presunta defensa de intereses particulares.

El Poder Ejecutivo impulsa permanentemente un proceso de diálogo con los sectores en conflicto, sobre todo con el afán de favorecer a la población con la visión de una “nueva minería”, que incluya el establecimiento de los más altos estándares internacionales, transferencia tecnológica, respeto al medioambiente, entre otros.

A partir de los réditos obtenidos con la actividad minera, el objetivo central es construir una revolución agraria, una revolución educativa y una revolución por la inclusión social que mejore las condiciones de vida de las poblaciones de su entorno.

Y estas metas no quedan en el tintero como un mero discurso de buenas intenciones, porque el presidente Humala recordó, a través de un mensaje a la Nación, que el Gobierno ha planteado la posibilidad de contar como socios a las propias comunidades aledañas a los centros de extracción. Y para generar ese clima de confianza entre las poblaciones y las empresas mineras se aprobó, por ejemplo, la Ley de Consulta Previa, se mejoraron los mecanismos de participación, además de abrirse mesas de desarrollo y diálogo, fortalecerse la oficina de Diálogo para la Sostenibilidad, entre otros.

Todas esas acciones confirman, pues, que el Gobierno no defiende intereses individuales y muchos menos corporativos, sino que busca la consolidación del Estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal y las condiciones para la buena convivencia. De allí la importancia de llevar adelante Tía María, cuya concesión, por cierto, no fue otorgada en este período presidencial.

El Gobierno actuó en este caso como corresponde, ya que con una cancelación unilateral del proyecto extractivo, el Perú corría el riesgo de exponerse a demandas legales internacionales por incumplimiento de contrato, con un considerable perjuicio económico para la sociedad en su conjunto, más aún cuando Tía María ha cumplido con todos los requisitos exigidos por ley, lo cual sentaría un serio antecedente para el país.

Por todos estos elementos, el Dignatario ha formulado un legítimo llamado a todos los poderes públicos para que apliquen el principio de autoridad propio de un sistema democrático, cumplan con ese papel y asuman la responsabilidad correspondiente.