Por: Rossmery Puente de la Vega P.
Un “miguelito” en la mano de un agricultor colocado por un policía de Lima de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) ha encendido los ánimos en el valle de Tambo, donde se vive un conflicto desde hace un mes y tres días, en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Cooper.
El momento en que el objeto de metal punzocortante llegó a manos de Antonio Coasaca Mamani fue captado por un canal de televisión local. Aunque en el marbete del efectivo, decía “Filosofexxx”, lucía casco y chalina que cubre parte de su rostro ya fue identificado anunció el Ministro del Interior, Pérez Guadalupe.
Este episodio bochornoso de la Policía Nacional del Perú (PNP) se suma a la muerte de otro hombre de campo, Victoriano Huayna de 62 años de edad. Su deceso ocurrió por un impacto de bala proveniente de un fusil en los enfrentamientos que hubo en la zona de El Fiscal, el último miércoles.
Hay otros dos heridos en el hospital Honorio Delgado también producto de proyectiles. Todo ocurrió cuando existía la orden que los policías no utilizaran armas de fuego para repeler a los manifestantes, proveniente del Presidente del Consejo de Ministro, Pedro Cateriano.
Sin embargo, en las filas de la PNP también existen heridos a causa de piedras lanzadas por los protestantes con huaracas y resorteras. Hay más de 10 testimonios de efectivos con lesiones producto de los enfrentamientos corroborados por certificados médicos. Algunos internados en el hospital. Además, hay daños a cascos, escudos y otro material logístico.
PRISIÓN PARA 18
El 09 y 10 de abril los ambientes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se asemejaban a una posada. Sillas y el piso de los pasillos de la sede judicial fueron utilizados para descansar por los familiares de los 13 detenidos trasladados por la policía desde el valle de Tambo.
Todos fueron acusados del bloqueo de la carretera de acceso a Mollendo a la altura de Alto Catarindo, utilizando piedras. La prueba de la participación fueron actas y declaraciones de policías.
Luego de 12 horas de espera, la jueza de Investigación Preparatoria del Juzgado de Mollendo, Janet Lastra Ramírez rechazó el pedido de prisión preventiva.
Sustentó que existen evidencias del bloqueo de vías, pero no se acreditó que actuaron con violencia contra policías ni que causaron daños materiales a propiedades públicas y privadas. Tampoco la Fiscalía demostró que existía peligro de fuga porque los trece tenían familia, casa y trabajo. La jueza dispuso reglas de conducta.
EL DIRIGENTE
Casi cuatro días permaneció detenido el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, acusado de aprovechar la huelga en el valle de Tambo para bloquear la vía de acceso a Cocachacra y la Panamericana. Lo trasladaron en carro y luego en helicóptero.
La Fiscalía señaló que levantando las manos el dirigente incitó a la turba que estaba con palos y piedra para que tomen la carretera por 15 minutos, y utilizó la camioneta de la Junta de Usuarios de Tambo. La Fiscalía presentó los testimonios de tres policías y certificados médicos, fotos posteriores a los hechos y de otras fechas.
Luego de 13 horas la jueza Lastra Ramírez rechazó el pedido de prisión preventiva para Cornejo Reynoso y Roger Manuel Ramos Flores. Señaló que está probado que ambos estuvieron en el lugar, pero existía duda si arrojaron las piedras para bloquear las carreteras o causaron lesión a uno de los policías. La jueza calificó de “grave omisión” la ausencia de pruebas.
Eladio Nolberto Quispe Apaza fue el detenido número 18 de la Policía. El viernes último se realizó la audiencia donde la jueza Lastra Ramírez, luego de más de 8 horas, rechazó el pedido de prisión. Esta vez se comprobó que Nolberto estaba en el lugar de las protestas portando una resortera y se presume que lesionó al mayor de la PNP Edgar Loayza. Sin embargo, tiene trabajo, es agricultor, vivienda y familia, descartando el peligro de fuga de la persona.
Desde que comenzó la huelga indefinida en el valle de Tambo, el 23 de marzo, 18 personas fueron detenidas y contra ellas la Fiscalía pidió prisión preventiva de 9 meses por bloquear vías y atentar contra los policías. Del total de solicitudes procedió contra dos y en segunda instancia: Juan Favio Galdos Quispe y Teófilo Coila Quispe, electricista automotriz y dedicado a la caza de camarón respectivamente, por lesionar a policías. Salvo estos dos casos los demás enfrentarán los procesos en su contra en libertad.
LO QUE OPINAN
El conflicto minero ha puesto en aprietos a varios. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, rechazó cualquier injerencia del Ejecutivo en las decisiones de los jueces. “No respondemos a presión política, ni social”, manifestó.
Ocurrió en respuesta a las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Cateriano, quien estuvo en Arequipa el 14 de abril apoyando el proyecto de Tía María. Además, exhortó a los jueces a no dejar libres a los detenidos por las protestas de Islay.
También cuestionó la intención de confrontar a las instituciones del sistema de justicia, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP. Indicó que le corresponde al Ejecutivo dar solución al conflicto, y esto no se lograba mandando a prisión a todos los detenidos.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Hugo Ramos Hurtado, también respondió que el Ejecutivo no puede ordenar a los jueces ni al Ministerio Público. Refirió que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público fue a criterio del fiscal quien valora las pruebas proporcionadas por la policía y en base a ellas pide la prisión.
¿DE QUIÉN ES EL CONFLICTO?
El conflicto, en el que están involucrados, jueces, fiscales y policías, se generó producto de la oposición que existe en el valle de Tambo al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Cooper. Los alcaldes de Islay, Richard Ale; de Punta de Bombón, José Ramos Carrera; de Cocachacra, Elard Valencia; y de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz apoyan esta postura. El rechazo es sostenido en la contaminación y daño a la agricultura que generaría el proyecto.
El Ejecutivo se ha puesto la camiseta de la minera. El jefe del gabinete, Cateriano Bellido, afirmó durante su primera visita a Mollendo que "el Perú no puede darse el lujo de rechazar la inversión necesaria para explotar la mina Tía María". El ministro del Ambiente Pulgar Vidal descartó una consulta popular o que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sea evaluado nuevamente por la Unops. La gobernadora regional, Yamila Osorio ha hecho de mediadora buscando propiciar el diálogo. El Presidente de la República, Ollanta Humala ha invocado a la calma. Southern Cooper mantiene silencio. Y la protesta en el valle de Tambo continúa.
El proyecto Tía María es el proyecto más importante de Southern Copper y con él, la firma elevaría su producción en 120 000 toneladas anuales, según detalló la agencia Reuters. Indican que significará una inversión para Arequipa, de más de US$ 1400 millones
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