jueves, 3 de julio de 2014

PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y LOS 96 JURADOS ELECTORALES ESPECIALES SE DECLARAN EN SESIÓN PERMANENTE
A partir del 1ero. de julio hasta la culminación del proceso.
Son 1,867 autoridades las que se elegirán entre regionales y municipales.
Por: Heriberto Chullo
Con el objetivo de garantizar la reunión de sus integrantes para la calificación de las solicitudes de inscripción de candidaturas y hasta la culminación del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y de los 96 Jurados Electorales Especiales  han sido declarados en sesión permanente, habilitándose los días sábados, domingos y feriados para la realización de audiencias públicas, notificaciones y otras acciones procesales.
A través de la Resolución Nº 546-2014-JNE se detalla que al cumplirse el 7 de julio el plazo de presentación de solicitudes de inscripción de candidatos, los 96 JEE instalados en todo el país tienen la responsabilidad de recibir la documentación respectiva y deberán calificar e inscribir las fórmulas y listas de candidatos.
También los 96 JEE  resolverán en primera instancia las tachas que pudieran presentarse en contra de las candidaturas de 25 distritos electorales regionales, 195 distritos electoras municipales provinciales y 1,647 distritos electorales municipales distritales.
En tanto el Pleno del JNE debe resolver en esta etapa las apelaciones que se presenten en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de Organizaciones Políticas, respecto a los expedientes de inscripción de las organizaciones políticas que han presentados candidatos. Además, resolverá las apelaciones en contra de las resoluciones de los JEE en esta etapa de inscripción de candidaturas.
De esta manera se han adoptado las medidas que garanticen que el cumplimiento de las funciones de los JEE, sobre aquellas vinculadas a la impartición de justicia electoral en primera instancia se realice con la celeridad que exige el proceso electoral.

miércoles, 2 de julio de 2014

Cipriani: El aborto terapéutico no resuelve la mortalidad materno infantil




EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI SOSTUVO QUE LA GUÍA PARA EL ABORTO TERAPÉUTICO "NO RESUELVE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL" Y AFIRMÓ QUE QUIENES DEFIENDEN ESA TESIS "ENGAÑAN A LA POBLACIÓN".
"Los miles de abortos clandestinos no tienen nada que ver con esta guía. Cuando se habla de defender a la mujer, que (el aborto terapéutico) es un derecho, no tiene nada que ver. No engañemos a la población", indicó.
Bajo esa premisa argumentó que la guía del aborto terapéutico "es una guía para matar" si no se quita el causal de "cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante".
Además, refirió que las juntas médicas que resolverán las causales para aplicar un aborto terapéutico son "una puerta abierta a que empiecen los pagos y coimas (...) porque sabemos cómo es el Perú".
En declaraciones a RPP Noticias, el primado de la iglesia católica peruana también tuvo duros calificativos contra la ministra de Salud, Midori de Habich, de quien aseguró que "no está capacitada para gobernar" el sector y a la que acusó de ceder ante "una presión muy fuerte de una ONG y organismos internacionales".
Asimismo, pidió "no llamar política" a las intervenciones que hace "a favor de la vida, del matrimonio y la familia" porque "la iglesia tiene una voz clara en los temas mixtos en los que hay una dimensión trascendente y religiosa".
"Yo tengo que defender los planteamientos que la gran mayoría de peruanos también defiende simplemente que hay grupos agresivos que no están de acuerdo con la iglesia católica y tampoco es una injerencia en el estado", explicó.
En ese sentido, pidió que la guía del aborto terapéutico sea "sometida a una concertación por la salud, de alto nivel donde estén representados el cuerpo médico, las universidades, la academia de medicina".
PENAS DURAS SIN BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Desde hoy rige Ley de Crimen Organizado en todo el Perú

 
La norma señala que líderes de las organizaciones criminales, financistas, funcionarios públicos, quienes utilicen menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión.


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La Ley N° 30077, sobre el Crimen Organizado, entró en vigencia el día de hoy 01 de julio de 2014, para delitos cometidos por organizaciones criminales. Entre los delitos que comprende la mencionada ley se encuentran: homicidio, secuestro, tráfico ilícito de drogas, violación del secreto de las comunicaciones, trata de personas, pornografía infantil, delitos informáticos, delitos contra la administración pública, entre otros.  

Al respecto, Bonifacio Meneses Gonzáles, Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación del CPP (ETI-CPP) explicó que la implementación de la Ley sobre Crimen Organizado trae consigo muchas innovaciones que ayudarán a hacerle frente a las bandas criminales que vienen apareciendo en el Perú.  

“Entre las innovaciones más resaltantes tenemos que los líderes de las organizaciones criminales, sus financistas, funcionarios públicos, quienes utilizan menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión y se prohíbe el otorgamiento de beneficios penitenciarios”, señala el presidente del ETI – CPP.  

Además, Meneses Gonzáles indica que se implementará un sistema informático que almacene toda la información correspondiente a los internos vinculados a una organización criminal y que contenga un registro detallado de las visitas que reciben.  

Asimismo,  acota que la Ley del Crimen Organizado introduce técnicas especiales de investigación, tales como interceptación postal e intervención de comunicaciones, el agente encubierto, el seguimiento y la vigilancia. Por último establece la obligatoriedad de colaboración de todas las personas e instituciones públicas y privadas para perseguir e investigar a las organizaciones criminales.   

Por otro lado, el procesamiento de los casos que se inicien en el marco de la Ley sobre crimen organizado será tramitado con el Código Procesal Penal. En ese sentido, se ha dispuesto adelantar su vigencia en los Distritos Judiciales que aún no se ha implementado en su integridad, tales como Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín.

domingo, 29 de junio de 2014

El contrato Urresti

Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera.

Editorial: El contrato Urresti
 
El flamante ministro del Interior tiene un estilo que, sin duda alguna, es peculiar. En los pocos días que lleva en el cargo ha protagonizado una serie de apariciones que han llamado mucho la atención. En la ceremonia de asunción del cargo prefirió dejar el micrófono para arengar a viva voz a los policías y terminar su discurso pidiendo tres ‘ra’ por la institución con sonoros golpes de pie en el piso. Al día siguiente lo vimos por televisión, vestido de policía, encabezando dos operaciones policiales. En la primera, la policía intervino en el llamado Nuevo San Jacinto ubicado en la Victoria, donde se comercializan partes de autos robadas, y recuperó una serie de motores, cajas de cambios, arrancadores, alternadores y otras piezas. En la segunda, la policía condujo a  39 vehículos con papeletas y a sus choferes a la comisaría. Un día después, el ministro dirigió nuevas operaciones en distintos distritos de la capital en las que se detuvo a 60 sujetos implicados en diversos delitos y se incautaron armas de fuego, droga y celulares robados. Posteriormente, el ministro apareció presentando 83 armas confiscadas a empresas comercializadoras de armas y municiones que operan en el departamento de Ica y que no cumplían con los requisitos de seguridad que exige la ley.
Quizá se trata de gestos políticos que buscan hacer sentir a la ciudadanía la presencia del ministro del Interior y su compromiso con la lucha contra el delito. Pero lo cierto es que la labor del ministro es la de diseñar y conducir las grandes políticas de combate de la criminalidad y no la de comandar a los efectivos policiales que van a detener a un grupo de ladrones de partes de autos o a choferes irresponsables. De hecho, resulta una pérdida de su valioso tiempo encabezar este tipo de operaciones cuando podría invertirlo en pensar cómo reformar el sector. Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera (o, como lo puso nuestro periodista y columnista Pedro Ortiz, que “reviva a un zombi”) y no a un Elliot Ness de La Cachina.
Por supuesto, es muy temprano para descartar que el señor Urresti se encuentre en capacidad de realizar dichos importantes cambios y, en este Diario, esperamos que tenga éxito y que la iniciativa que demostró en el combate de la minería ilegal le sirva también en la lucha contra la delincuencia. Pero lo cierto es que aún no ha planteado una estrategia concreta para reformar el sector y, en cambio, ha hablado de ciertas medidas que han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, acabar con las ‘batidas’ de tránsito (es decir, dejar las calles sin ningún tipo de control) para combatir la corrupción policial, lo que se traduce en decir que, para que no cobre coimas, la policía se abstendrá  de hacer su trabajo. Una propuesta que revela una preocupante candidez y una aparente falta de conocimiento sobre qué debe hacerse con la seguridad. No solo eso, sino que, sumada a todo lo anterior, da la impresión de que estamos a punto de ver la repetición de una constante en este sector: la ausencia de agenda. ¿Se imagina, señor lector, dónde se encontraría el país si el Ministerio de Economía o el BCR se manejasen con la misma improvisación? Las medidas del Ministerio del Interior, después de todo, deberían tener detrás tanta teoría, planeamiento y control de su ejecución como lo tienen la política fiscal y monetaria.
El gran problema de la inseguridad no se va a resolver simplemente ordenando operaciones policiales aisladas, que no respondan a un plan concreto y bien estructurado de combate de la criminalidad. Lo que necesitamos es que el ministro desarrolle y presente ese plan, que fije los objetivos concretos que deben alcanzarse, que exponga  la estrategia para lograrlos, que señale un plazo razonable para obtener resultados y que presente los indicadores con los que la ciudadanía podrá medir su éxito. Animamos al ministro a distinguirse de sus predecesores y a fijar claramente los términos de este contrato que debe firmar con la ciudadanía. Y es que, si no plantea su gestión de esta manera, solo tendremos nuevos disparos al aire, el teatro mediático al que el gobierno nos tiene acostumbrados en materia de seguridad y, muy probablemente, un nuevo ministro del Interior en diciembre.

Aborto terapéutico desata ira de Iglesia


El gobierno del presidente Ollanta Humala sabía que la regulación del aborto terapéutico -que hoy entra en vigencia- provocaría un conflicto con la Iglesia Católica.
No esperaba, sin embargo, una respuesta tan dura e inmediata como la expresada por el cardenal Juan Luis Cipriani.
El Arzobispado adoptó el mismo discurso de hace 90 años, cuando en 1924 el procedimiento fue despenalizado en el Código Penal, advirtiendo a los creyentes que apoyar el proyecto gubernamental supone incumplir la doctrina católica. "Esta es una guía técnica para matar a una criatura", advirtió Cipriani en su programa Diálogos de Fe.
Politizando el tema, mencionó incluso que Humala y su esposa Nadine Heredia visitaron su domicilio en plena campaña electoral del 2011, "donde se comprometieron a que no se aprobaría en su gobierno".
La guía técnica para aplicar el aborto terapéutico estandariza el mecanismo que los médicos de nosocomios privados y estatales deberán seguir para interrumpir el embarazo con una intervención quirúrgica cuando la salud de la madre esté en riesgo.
Fue el último viernes que la ministra de Salud, Midori de Habich; la titular de la Mujer, Carmen Omonte; y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, presentaron la Guía Técnica del Aborto Terapéutico, que se aplicará en los establecimientos de salud de todo el país. Hoy entra en vigencia.
Sin embargo, para Cipriani, De Habich, Omonte y Figallo representan a "los líderes que se han prestado para decir que sí se puede matar a las criaturas".
"Esta decisión de la ministra tiene mucho que ver con la presión internacional de instituciones que están imponiéndoles esta guía de manera imperialista. Arregle usted primero (ministra de Salud) la huelga de los médicos", dijo Cipriani en el programa antes de pedir a las madres de familia "no permitir que les hagan firmar la muerte de sus hijos. Tengan valentía. La vida está en manos de Dios, siempre existe una manera médica de salvar a la madre y al hijo".
Privilegia la vida. En respuesta, la ministra de Salud, Midori de Habich, hizo un deslinde total con el aborto ilegal, "que está penado por ley y que constituye un problema de salud pública".
"No tenemos una legislación sobre el aborto ilegal, no podemos reglamentar algo que es penado por ley", apuntó.
De Habich aseguró que el objetivo que persigue la guía es salvaguardar la vida de la madre ante una situación en la que ella y el feto están en peligro de muerte.
Añadió que anualmente ocurren entre 15 y 20 situaciones de este tipo y sostuvo que la publicación de esta guía solamente fija las reglas frente a una problemática que los establecimiento de salud ya venían tratando con su propio protocolo.
Así -aseguró-, los médicos tratantes tendrán la seguridad de estar actuando correctamente y conforme a ley.
"La guía se utilizará ante una situación en la que hay riesgo de muerte de los dos (madre e hijo) y se privilegia de acuerdo a nuestra legislación fijada en el Código Penal: salvar la vida de la gestante", refirió De Habich.
No obstante, el especialista en Bioética Paul Ramos Barrientos sostuvo que no era necesario aprobar ningún protocolo de aborto terapéutico, pues los médicos gineco-obstetras están continuamente trabajando por salvar la vida de la gestante y la criatura que lleva en el vientre.
Por ello, el especialista rechazó la medida emitida por el Ministerio de Salud al considerar que es el punto inicial de la despenalización del aborto por cualquier causa.
LA GUÍA. Cabe señalar que la Guía Técnica nacional deja establecidos los casos de riesgo en que las mujeres pueden interrumpir el embarazo.
El protocolo establece como tiempo máximo para el aborto terapéutico las 22 semanas de gestación.
En la resolución suprema publicada ayer, se indica como inicio del procedimiento que la gestante o su representante legal hayan firmado el consentimiento después de haber sido informados sobre su diagnóstico, pronóstico y riesgos para su salud y su vida.
Es solo a pedido de la paciente que el médico presentará su solicitud a la Jefatura de Gineco Obstetricia del establecimiento de salud, que a su vez informará a la dirección del hospital.
Luego, la jefatura convocará a una junta médica, formada por un ginecólogo y dos especialistas de acuerdo con la patología de la paciente.
La junta obligatoriamente dictaminará si procede o no el aborto en no menos de seis días calendarios.
Si decidiera que no procede, la gestante puede solicitar una nueva junta solo una vez, y también tiene la posibilidad de desistir del procedimiento en cualquier momento.
Al respecto, la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Paulina Giusti, explicó que este tipo de protocolos pueden aplicarse cuando la gestante es un paciente con cáncer que requiere pasar por una quimioterapia o radioterapia.
"Si hablamos de 22 semanas, estamos hablando de embarazos de poco tiempo. En ese periodo, el feto no es viable. Si la madre fallece y el bebé nace, no vivirá, por eso se dice que es mejor salvar una vida, la de la madre", acotó.
apunta a figallo. Desde otra óptica, Luis Solari, médico, expremier y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, refirió que el informe jurídico que sustenta la guía podría generar problemas de orden legal y/o constitucional con su aplicación.
Ante esto, señaló que Figallo debería renunciar al Ministerio de Justicia. "Eso es matar niños peruanos por su discapacidad, es antidemocrático", manifestó.
Asimismo, indicó que la reglamentación de la guía deja la puerta abierta al uso del aborto como medio anticontraceptivo o incluso de control de la natalidad.

sábado, 28 de junio de 2014

Qhapaq Ñan, patrimonio de la humanidad

Por: Manuel Rodríguez Cuadros (*)
Qhapaq Ñan, patrimonio de la humanidad

Un país como el Perú, con escasa institucionalidad, requiere políticas de Estado. Esa es una de las variables esenciales del desarrollo económico y social. Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Harvard), en su libro “Por qué fracasan las naciones”(2012), han puesto en el debate nuevas ideas sobre el éxito o el fracaso del crecimiento económico. Su visión pone énfasis en las variables político-institucionales como factores determinantes del desarrollo. La clave del éxito estaría en un régimen político de gobierno basado en instituciones inclusivas. Estas, al convocar y representar a la pluralidad de intereses que interactúan en la sociedad, permiten distribuir las ganancias sin excluir a ningún sector social. Posibilitan el consenso sobre reglas del juego compartidas y respetadas. Y distribuyen el poder sin generar extremas desigualdades. Tienden a asegurar, además de la acumulación del conocimiento y una actividad económica más dinámica sustentada en la estabilidad política y social, políticas de Estado.
En efecto, para aplicar políticas de Estado es necesario tener consensos nacionales, objetivos claros y estrategias de acción concertadas en el tiempo. La diplomacia para recuperar la soberanía marítima hasta las 200 millas, ejecutada a partir del 2003, es un buen ejemplo de una política explícita que comprometió a tres gobiernos. Otra, implícita, a mi juicio de la mayor importancia, es la de la disciplina macroeconómica que, dicho sea de paso, haría bien en volverse explícita.
Hay otras áreas en las que establecer y ejecutar políticas de Estado explícitas está dando excelentes resultados. Una de ellas, poco visible, es la del patrimonio cultural.
El Perú es un país que aún no ha descubierto el valor excepcional de su patrimonio cultural material e inmaterial. Esto en un triple sentido. Primero, como vehículo de unidad e identidad nacional. Segundo, como factor de gobernabilidad, donde la necesaria centralidad se ejecute en función de la diversidad cultural y étnica del país. Tercero, como un elemento dinámico en el crecimiento económico sustentable, a partir del turismo, la biodiversidad, la utilización de los saberes y las tecnologías tradicionales y la responsabilidad social y ambiental empresarial.
Como embajador en la Unesco, en lo que toca a lo cultural mi tarea es impulsar esta visión a partir de una imbricación estructural entre los factores internos y externos del patrimonio cultural. Todo esto con un enfoque de política de Estado y una praxis intersectorial, pues en el mundo contemporáneo la política exterior ya no es unisectorial. El Ministerio de Cultura, la cancillería, la Embajada del Perú en la Unesco y los gobiernos regionales y locales son los ejes de esta política de Estado sobre el patrimonio cultural.
Desde el 2001, cuatro gobiernos están comprometidos con esta visión de Estado de la política cultural exterior del Perú. Su ejecución, en lo inmediato, produjo en mayo el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad de los saberes tecnológicos originarios en la construcción y continua renovación del tradicional puente inca de Q’eswachaka, en el distrito de Quehue, provincia de Canas, en la región Cusco.
No solo eso: el Comité del Patrimonio Mundial acaba de declarar, en Doha, al Qhapaq Ñan –el sistema vial del imperio del Tahuantinsuyo– patrimonio cultural de la humanidad. Se trata de una nominación transnacional y seriada, que otorga esa calidad a 273 sitios ubicados a lo largo de la ruta de 30 mil kilómetros del gran Camino Inca. Esta decisión pondrá en valor el bien y significará un desarrollo conceptual y normativo de la institución del patrimonio mundial. Además, sus efectos sobre el turismo sustentable y la ejecución de proyectos de codesarrollo con las poblaciones locales serán un factor de inclusión social y cultural.
Es necesario reconocer que este logro se ha construido durante trece años de trabajo esforzado. El gobierno de Valentín Paniagua dio el paso inicial en el ámbito nacional. Luego, el de Alejandro Toledo creó una alianza cultural con Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile para elaborar y presentar el expediente del Qhapaq Ñan. El de Alan García llevó a cabo los estudios y fundamentos del valor universal excepcional del bien . Y el actual gobierno culminó esa tarea y presentó el expediente a través del propio presidente de la República, en noviembre del 2012. Las políticas de Estado son incipientes en el Perú. Pero ya empiezan a existir. Y son un valor agregado.

Decisión sobre el Gasoducto Sur Peruano coincide con viaje presidencial a Francia

Por: César Gutiérrez
Decisión sobre el Gasoducto Sur Peruano coincide con viaje presidencial a Francia

El tema controvertido a resolver es la disminución de participación de la francesa GDF Suez
Luego de siete años de marchas y contramarchas, el proyecto gasoducto sur peruano (GSP), debería tener un consorcio ganador que se encargue del financiamiento, construcción y operación, el próximo lunes 30 de junio, según el cronograma del proceso de competencia organizado por la agencia estatal Proinversión.
Como ocurre en estos megaproyectos, siempre hay temas de discusión hasta último minuto y en este caso estamos ante una decisión que requerirá mucha firmeza del comité a cargo, pues a la hora de la presentación de los sobres, el pasado jueves 26, ha ocurrido un hecho inesperado, uno de los dos consorcios en carrera, se ha visto en la necesidad de solicitar un cambio en su conformación. Se trata del grupo conformado por: Tecpegas SA, TGI SA ESP, Gasoducto del Sur SA y GDF Suez South Peruvian Gas Pipeline SA. , que tienen como espaldas societarias a Techint de Argentina, Transportadora de Gas Internacional de Colombia, Sempra de los Estados Unidos de Norteamérica y GDF Suez de Francia, respectivamente.
Según el pedido del consorcio en mención, la participación de GDF se deberá consignar con una reducción al 2% del total. La implicancia de esta pretensión queda en manos del comité que deberá hilar muy fino, pues según el último cronograma del concurso el plazo límite para la conformación de consorcios venció el día 20 y la solicitud se ha hecho en el acto de apertura del día 26 del presente mes.
Ahora se entiende porque hubo todo el despliegue mediático solicitando ampliación de plazos, era obvio que GDF cuyo accionista principal es el estado francés, estaba solicitando reducir su participación, donde se esperaba que tuviera no menos del 25% del accionariado y no el magro 2% que hoy pretenden suscribir. La razón de fondo está en la ajustada situación del estado galo por la crisis financiera europea que ha llevado al gobierno de Francois Hollande a la necesidad de anunciar serias políticas de ajuste a partir de los primeros meses de este año. Tan es así que empresas símbolos para los franceses como la multinacional Alstom, haya tenido que vender su unidad de energía a la norteamericana General Electric, que ha pagado 12,350 millones de euros.
El comité de Proinversión deberá decidir por la declaratoria de las descalificación de los aludidos, que por supuesto va significar un jaleo de marca mayor, justamente en el momento en que Ollanta Humala viaja a París el día de hoy debiendo quedarse hasta el día 03 de julio, según el permiso otorgado por el Congreso de la República. En su agenda está previsto entre otras, dos reuniones muy sensibles: con el presidente Hollande y con la gremial empresarial Medef. Obviamente el tema controvertido será abordado. Las experiencias de las consecuencias de las reuniones de Humala en París, no son muy auspiciosas para los competidores de empresas francesas en concursos, el último caso ha sido la adquisición de un satélite donde se desplazó a una renombrada firma británica, que según los especialistas fue una medida arbitraria. Lo que se espera es que se actúe respetando la ley y que el hoy encumbrado Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, Presidente de Proinversión deje la libertad al comité y no pretenda ejercer presión política, no podemos empañar un proceso donde hay en juego nada menos que 7,800 millones de dólares que pagaremos los usuarios de electricidad.

viernes, 27 de junio de 2014

Brasil 2014: Este es el fixture de octavos de final

Brasil 2014: Así quedan las llaves de octavos de final
Este jueves se cumplió la tercera fecha de la fase de grupos y ya están determinados los 16 equipos que estarán en los octavos de final con varias sorpresa.
Las tres principales son Costa Rica, que quedó primera en su grupo, Grecia gracias a un penal en el último minuto y Argelia.
Este es el fixture
28 de junio:
BRASIL – CHILE
Hora: 11:00 am
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
COLOMBIA – URUGUAY
Hora: 3:00 pm
Estadio Maracaná
29 de junio:
HOLANDA – MÉXICO
Hora: 11:00 am
Estadio Castelao, Fortaleza
COSTA RICA – GRECIA
Hora: 3:00 pm
Estadio Arena Pernambuco, Recife
30 de junio
FRANCIA - NIGERIA
Hora: 11:00
Estadio Mané Garrincha, Brasilia
ALEMANIA - ARGELIA
Hora: 3:00 pm
Estadio Beira Río, Porto Alegre
1 de julio
ARGENTINA - SUIZA
Hora: 11:00 am
Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo
BÉLGICA - ESTADOS UNIDOS
Hora: 3:00 pm
Estadio Arena Fonte Nova, Salvador.

Congreso aprueba nueva Ley Universitaria


En un plazo de quince días, los estudiantes universitarios a nivel nacional deberán someterse a las nuevas reglas de juego que plantea la nueva Ley Universitaria si el Ejecutivo reafirma el dictamen aprobado ayer por el Congreso.
El texto sustitutorio del proyecto elaborado por el legislador Daniel Mora coloca ahora al Gobierno a cargo de las políticas de educación superior, así como al frente de la regulación de la calidad del servicio educativo, abriendo paso a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El texto aprobado plantea la creación de esta Superintendencia que reemplazará instituciones como la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu).
Según lo explica el propio Mora, promulgada la ley, tanto la ANR y la Conafu "se disolverán" como órganos de control. Así, el Ministerio de Educación será el encargado de proponer al nuevo superintendente, lo que es advertido por algunos rectores como una medida "intervencionista" que viola la autonomía universitaria.
Junto a Sunedu se reformará el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) con la finalidad de ajustar los procesos de acreditación.
CERTIFICACIÓN. Aunque voluntario, las imposiciones tributarias beneficiarán a aquellas universidades que obtengan su certificación al demostrar la existencia de objetivos académicos, grados y títulos con planes de estudios.
Será indispensable también la disponibilidad de recursos humanos y económicos -bienes- para la sostenibilidad de sus actividades. Léase infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones, como bibliotecas y laboratorios, entre otros.
VIDA UNIVERSITARIA. Cabe destacar que entre los planteamientos del dictamen se establece que el estudiante ya no podrá tener el bachillerato con un solo trámite administrativo, sino que el alumno requiere "haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el inglés".
Para acceder al título, deberá presentar una tesis. No obstante, se señala que las instituciones acreditadas "pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas".
Si bien la elección de los rectores y vicerrectores en las universidades públicas se realizará con votación de los estudiantes, en las instituciones privadas serán sus propios estatutos los que determinen el modo en que se elegirán a sus autoridades.
Ahora bien, los profesores de las universidades deben tener el grado mínimo de maestría, dándoles un plazo de 5 años para alcanzarlo.
El documento apunta que "el periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres años para los profesores auxiliares, cinco para los asociados y siete para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la docencia".
Asimismo, las universidades deberán contar como mínimo con una planilla de no menor de 25% de catedráticos a tiempo completo. Se dispone también eliminar los vicerrectorados de administración por una gerencia administrativa.
AJUSTADO. El debate se extendió por más de dos meses en el Congreso debido a los cuestionamientos alrededor de los alcances y planteamientos de la nueva Ley Universitaria. Pero, al parecer, la polémica no culminará con su ajustada aprobación.
La discusión de la norma, que se vio interrumpida hasta en dos jornadas, obtuvo 56 votos a favor gracias a la alianza entre Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio.
Los 46 votos en contra correspondieron a los legisladores de Fuerza Popular, PPC-APP, Solidaridad Nacional y el APRA. La posibilidad de una segunda votación fue descartada tras aprobarse la exoneración propuesta por el mismo Mora con 56 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.
Los números en favor del dictamen se dieron tras una ardua tarea de Mora, quien buscando el consenso para contar con los votos necesarios para su aprobación, tuvo que hacer algunos cambios al proyecto inicial al percatarse que el respaldo del Ejecutivo, presente con las ministras Ana Jara y Carmen Omonte, además de la vicepresidente Marisol Espinoza, no alcanzaba.
Sin embargo, las 38 sugerencias recogidas para la modificación de la Ley Universitaria no fueron suficientes para llegar a un acuerdo con la oposición.
Y es que, según lo dejó ver el aprista Mauricio Mulder, el texto sustitutorio que presentó Mora solamente incluyó las propuestas alcanzadas por los parlamentarios oficialistas, acciopopulistas y chakanos.
Así, se dio pase a una serie de cuestiones previas que buscaron ganar adeptos en las bancadas de Unión Regional y Solidaridad Nacional.
La primera fue presentada por Yonhy Lescano, que planteaba que el capítulo 2 y las disposiciones complementarias del proyecto se voten por separado. Esta y la planteada por Luis Galarreta para que el proyecto sea debatido mañana (en sesión plenaria extraordinaria) fueron rechazadas con 59 votos en contra y 48 a favor.
Por su parte, Jorge Rimarachín solicitó someter a consideración del pleno que algunos artículos sean debatidos por separado, pero su planteamiento también fue desestimado.
Mientras las llamadas telefónicas desde Palacio de Gobierno -según confirmaron fuentes nacionalistas- eran recibidas por los miembros de la bancada de Gana Perú para articular su postura, la cuestión previa de Mauricio Mulder para que el proyecto sea revisado por la Comisión de Constitución también fue rechazada.
Pese a la insistencia de la oposición, el escenario con el que se logró frustrar la votación en la sesión vespertina del miércoles por falta de quórum fue distinta y el titular del Parlamento, Fredy Otárola, procedió a colocar el dictamen a votación, logrando a duras penas la ansiada luz verde.

jueves, 26 de junio de 2014


Dictan 14 meses de prisión preventiva contra G. Santos

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El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, pasará los próximos 14 meses en la cárcel, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Mercedes Caballero, dispusiera la prisión preventiva al encontrar suficientes elementos para imputarle presuntos delitos de corrupción.
En su resolución, la magistrada señaló que son evidentes los vínculos que hay entre Santos y el empresario Wilson Vallejos, detenido por presuntamente haber sido favorecido con adjudicaciones de obras por parte del gobierno regional de Cajamarca hasta por S/. 155 millones.
De esta manera, la autoridad regional continuará el proceso en prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada en perjuicio del Estado.
La medida fue tomada luego de un debate de más de tres horas, realizado en la sede de la Sala Penal Nacional, donde expusieron sus puntos de vista tanto el Ministerio Público como la defensa de Santos.
En el caso del chofer de Santos, Juan Salazar Silva, la Sala le dio comparecencia restringida, pues se le acusa de recibir una serie de prebendas, dinero y dos camionetas de la región Cajamarca para su uso personal.
Terminada la lectura de la sentencia, Santos salió de la sala custodiado por personal de la Dirincri, no sin antes alcanzar a alzar las manos a sus seguidores.
La autoridad de Cajamarca fue trasladada a la carceleta judicial, y se espera que en las próximas horas se determine el lugar de su reclusión.
Once casos de presunta corrupción
La orden de prisión preventiva para el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se fundamentó en el informe de la Contraloría General que detectó 11 casos de presunta corrupción en obras por 155 millones de soles.
La acción de control halló presuntas irregularidades en Cajamarca, que involucrarían al titular de dicha entidad y varios funcionarios públicos y contratistas del Estado.
La investigación de la Contraloría demostró que funcionarios de Proregión no depositaban los pagos a los contratistas en sus cuentas bancarias, lo cual fue corroborado por el Ministerio Público al comprobar que se giraban cheques que eran cobrados en efectivo y cuyo importe era repartido entre diversas personas, en lugar de ingresar a los fondos de las empresas contratantes con el gobierno regional.

Policías utilizaron cumbre APEC para robar gasolina

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POR JOSÉ VEGAS CARMEN
Un robo de gasolina sin precedentes en la Policía Nacional del Perú (PNP), por la cantidad de agentes implicados y por la modalidad del delito, fue descubierto gracias a una información confidencial proporcionada a fines del mes pasado.
Las investigaciones administrativas y disciplinarias para identificar a los responsables se han iniciado la presente semana en la Inspectoría General de la PNP, la cual ha establecido que para cometer el ilícito penal se habrían falsificado las firmas de al menos 200 oficiales, entre ellos varios jefes de importantes dependencias policiales.
En el delito también está comprometido un grifo ubicado en la urbanización Elio, en el Cercado de Lima, que prestaba sus servicios de abastecimiento a unidades motorizadas, desde motocicletas, camionetas, patrulleros y automóviles.
El carburante sustraído debió ser destinado a servicios especiales que se prestaron durante los años 2008 y 2009. Sin embargo, el jefe de combustibles de la Dirección de Logística General, un comandante en retiro, no informó a las unidades operativas y administrativas de la dotación extraordinaria de gasolina para las actividades gubernamentales que realizaba el Estado con presencia de jefes de Estado de todo el orbe, así como diplomáticos y empresarios extranjeros, detalló una fuente policial.
Uno de esas actividades fue la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, desarrollada en 2008 en Lima, donde para cubrir los diferentes operativos motorizados planificados, las unidades motorizadas abastecían sus vehículos con la gasolina que normalmente reciben para sus trabajos diarios, sin hacer uso de la dotación extraordinaria.
Desde el pasado martes varios jefes policiales han desfilado por las oficinas de la Inspectoría General de la PNP, ubicadas en la avenida Aramburú, en Surquillo, para rendir su manifestación sobre los recibos de galones de gasolina, en los que aparecen sus nombres y sus respectivas firmas. Ellos señalan que nunca firmaron esos recibos y que habrían sido víctimas de una falsificación. Y para confirmar esa versión fueron sometidos a una pericia grafotécnica.
Ante este escandaloso robo, el congresista fujimorista Octavio Salazar planteó que los policías que tengan responsabilidad en este caso sean expulsados de la institución.
“A aquel policía que mete mano, hay que ‘cortarle la cabeza’ y sancionarlo drásticamente hasta con la baja de la institución (…) La corrupción es un cáncer que hay que extirparlo. Hay que saludar que este tipo de actos no queden en el anonimato porque a veces la población piensa que en las instituciones existe espíritu de cuerpo. Quien comete un delito, debe ser sancionado”, agregó.
En tanto, el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular – Frente Amplio) reveló que el robo de combustible en la PNP durante la cumbre APEC 2008 “era vox populi”, pues había comentarios de los propios oficiales. Sostuvo que se debe retirar a los que han estado robándole combustible al Estado.
“Hay que efectuar una reorganización en la PNP. El ministro Daniel Urresti tiene que hacerlo. Se tiene que tomar decisiones drásticas porque si eso no sucede, la corrupción neutraliza y encamina a cualquier gestión al fracaso”, advirtió.
“Se deteriora la institucionalidad en la Policía”
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Carlos Eguren, sostuvo ayer que aquellos malos policías que cometen actos ilícitos como el robo de combustible que le otorga el Estado para patrullar la ciudad, se convierten en simples delincuentes y, lo peor, “es que dejan un mensaje nefasto a los efectivos de las nuevas promociones”.
“Esta denuncia no hace más que deteriorar aún más la institucionalidad y la cadena de mando policial. Y lo más grave es que si la ciudadanía ve que los oficiales roban combustible, entonces es como robar un banco o un celular, se convierten en simples delincuentes y el mensaje que dan a los nuevos efectivos es nefasto”, indicó.
El legislador del PPC sostuvo que “el tema del combustible es un mal endémico que se arrastra desde hace muchos años, y no hay un mecanismo eficaz que los pueda solucionar porque existen grifos que están coludidos y mafias muy bien organizadas”.