"La productividad y el sueldo mínimo"

¿Cómo calcular la remuneración de un trabajador ahora que hablamos de la remuneración mínima vital?

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IVÁN ALONSO

Economista

Habrían hecho un mejor servicio a la nación el ministro de Economía y la primera dama si, en lugar de tumbarse al primer ministro por aventurarse a declarar sobre un posible aumento de la remuneración mínima vital, se hubieran tumbado más bien a esta última. Con el tiempo florecería el empleo y miles de personas, especialmente aquellas con menos experiencia y menos calificaciones profesionales, encontrarían una ocupación mejor pagada que la que tienen actualmente (si la tienen).

No se ha terminado con el cambio de gabinete la discusión planteada por el ex premier, una discusión que era inevitable luego del aumento decretado para los ministros. Pero, independientemente de eso, si el gobierno ha de cumplir con las leyes aprobadas en otros momentos de euforia, este año debería revisarse el sueldo mínimo. La ley, en efecto, ordena que cada dos años se le haga un ajuste en función del crecimiento de la productividad.

Parece simple y además perfectamente lógico, pero el mandato de la ley encierra una cierta circularidad: la mejor manera de medir la productividad es mirando los sueldos que se paga en el mercado; pero lo que hace el sueldo mínimo, paradójicamente, es suprimir las señales del mercado.

Vayamos al capítulo sobre la determinación de los salarios en el típico libro de texto. Los salarios, leemos, se igualan al valor de lo que el trabajador produce. Imaginemos una línea de producción en la que diez obreros producen 500 llantas al mes. Si retiramos a cualquiera de ellos, la producción baja a 470. Quiere decir que la productividad de ese trabajador –su contribución a la producción total– es de 30 llantas. Si cada una se vende a 100 soles, le pagamos 3.000 soles mensuales, es decir, el valor de su contribución.

El libro de texto es clarísimo en lo que se refiere a los trabajadores que producen un objeto físico. La comisión tripartita seguramente puede recopilar información sobre la productividad física en distintas industrias, calcular un promedio representativo y determinar cuánto ha crecido entre una fecha y otra. Pero, preguntamos, ¿cómo se mide la productividad del asistente de compras, cuya contribución no consiste en producir ningún objeto, sino en bajar los costos? ¿Cómo se mide la productividad del contador que lleva los libros o del ingeniero que hace control de calidad?

No hay manera de medir objetivamente la contribución de muchas clases de trabajadores a los resultados de la empresa. Al interior de esta se pueden establecer ciertos indicadores de desempeño que, más o menos, deben verse reflejados en los resultados. Pero, al final, el empresario tiene que hacer una apreciación subjetiva del valor que generan para decidir qué sueldos está dispuesto a pagarles. Por eso, la mejor medida –y quizá la única válida– de la productividad de una clase de trabajadores, no en términos físicos, sino monetarios, es el sueldo que se le paga en el mercado.

¿Cómo podría, entonces, una comisión determinar el crecimiento de la productividad? Solamente mirando lo que el mercado está dispuesto a pagar. Aquí nos encontramos con un perro mordiéndose la cola. Porque el propósito de la comisión es evaluar la productividad de los trabajadores para saber cuánto debería pagar, como mínimo, el mercado; pero la mejor manera de evaluar la productividad es mirando cuánto paga el mercado en realidad.

¿Quién manda en el palacio de gobierno?

Por: Jorge Rendón Vásquez

Las ciudadanas y ciudadanos de a pie se hacen esta pregunta.

Y, por lo que se ve, la respuesta parecería ser que el orden jerárquico allí es el siguiente:

1.- Nadine Heredia de Humala; 2.- la CONFIEP; 3.- el Ministro de Economía Luis Miguel Castilla; y 4.- el Presidente de la República.

Lo que sucede entre bambalinas trasciende al público en ciertos actos oficiales por la infaltable presencia de Nadine Heredia como un personaje central que, sin embargo, no figura en el libreto. Está en escena sólo porque es la esposa del actor protagónico, el Presidente de la República.

Si cubriéramos esta obra con la normativa constitucional, no encajaría en ésta. Ningún artículo de la Constitución atribuye a la cónyuge del Presidente de la República alguna función y ni siquiera la alude y, salvo en las tinieblas oníricas, se podría pensar que goza de algún tipo de poder público. Las normas aplicables al cónyuge del Presidente de la República están contenidas en el Código Civil, en la sección correspondiente a la sociedad conyugal, pertinente a todos los ciudadanos y ciudadanas casados.

Se debe suponer, por lo tanto, que la ostensible intervención de Nadine Heredia en los asuntos públicos y su inocultada jactancia de poner y quitar ministros es una expresión de la informalidad en nuestro país que, en este caso, va de arriba hacia abajo.

Que se sepa, ningún otro Presidente de la República de América y, tal vez, del mundo, permite que su cónyuge se meta en los asuntos de gobierno y en los actos oficiales de atribución de cargos ministeriales.
Los ingleses sonreían ante el papel que Margaret Thatcher le reservó a su marido, un buen señor que se quedaba en la casa ocupado en las labores domésticas y en abastecerse en los supermercados. Pero lo consideraban normal. Hubiera habido una revolución, en este país cuna del constitucionalismo, si el marido de la Thatcher se hubiera presentado un día en el Parlamento al lado de su mujer. Ella habría caído estrepitosamente para nunca más volver a levantarse. A la Thatcher ni en sueños se le habría ocurrido cometer semejante torpeza. Ella mandaba y mandaba bien, sujetándose al “statute law” y a la “common law”. Por algo la llamaban la “Dama de Hierro”.

Si a Nadine Heredia tanto la subyuga presenciar los actos de juramentación de los ministros, su lugar no está arriba, en la plataforma con la mesa, la parafernalia litúrgica, su marido y los ministros en ciernes, sino en el llano, entre el público de burócratas y ayayeros oficiales, convocados para aplaudir.

Si, más que eso, le encanta conversar y discutir con su marido sobre los actos de gobierno y de política, el ambiente natural de estas pláticas tendría que ser el hogar, como sucede con las demás parejas cuando hay entre ellas verdadera igualdad para tratar de su vida personal y común, sus pensamientos, sentimientos, recuerdos y anhelos.

Otra cosa es su pasión por el mando, no sólo como aspiración, sino como práctica real, lo que se traduciría en decisiones que el Presidente de la República formalizaría, como un médium.
Esto no está bien; ni aquí ni en la Cochinchina.

Los franceses usan una expresión para indicar lo que se pasa de la raya: “trop c‘est trop”, es decir “demasiado es demasiado”.

Si Nadine Heredia quería mandar como Presidente de la República debió haber participado como aspirante a candidata en las elecciones internas de su partido y, si triunfaba, debió haber intervenido en las elecciones políticas, como otros candidatos a la Presidencia de la República, y como las ilustres mujeres que son presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, o como esa paradigmática mujer que es Ángela Merkel, Canciller de Alemania.

Pero (¿quién podría saberlo?) tal vez no hubiera concitado el voto del 31.5% de los electores que en la primera vuelta de 2011 colocaron a Ollanta Humala en el primer lugar.

Estos electores votaron por una opción de cambio y de mejora social, y no por una conducción neoliberal de nuestro país, ad referéndum de la organización suprema de los empresarios peruanos, la CONFIEP, y dominada por el perenne temor de disgustar al poder mediático.

Que la administración del Estado no puede prescindir ahora del régimen capitalista implantado en nuestro país es algo indiscutible. Pero no hay un modelo unívoco de conducción de la economía, sino una gama de modelos que van desde el neoliberalismo, que barre con bulldozer y manguera los derechos sociales y la independencia económica del país para acrecentar las ganancias de los empresarios, hasta el intervencionismo del Estado de Bienestar para el que la fuerza de trabajo y su aporte a la creación de la riqueza, o valor agregado, es el bien fundamental de la sociedad.

Ninguna encuesta se ha basado en la pregunta al entrevistado de si se está o no de acuerdo con que la Primera Dama gobierne o cogobierne nuestro país con el Presidente de la República. Los resultados serían por demás elocuentes.

En 1804, Napoleón Bonaparte hizo secuestrar al duque de Enghien, pariente de Luis XVI, que vivía refugiado en Alemania desde donde conspiraba, y ordenó su ejecución. Preguntado Joseph Fouché, el camaleónico ministro de gobierno y jefe de la policía, sobre este hecho, respondió: “Es más que un crimen, sire, es un error político”.

¿Hay aún tiempo para conjurar errores políticos como el señalado?

En la práctica, sí, aunque sólo faltan dos años para las próximas elecciones, un tiempo breve en el que se juega la sobrevivencia del Partido Nacionalista.

Una lógica elemental se tiende, como un milagroso puente, en el avance de Ollanta Humala hacia el abismo: si el Gobierno ya le ha concedido al capitalismo más de lo que necesita y merece, en adelante tendría que darle a los trabajadores algo, por lo menos, de lo que el candidato Ollanta Humala prometió darles en la campaña de 2011, por lo que ellos le brindaron su confianza,

entregándole el 31.5% de la votación. Y, aunque le fuera doloroso, tendría que hablar con su esposa para se limite a las labores filantrópicas asignadas a la Primera Dama, salvo que ella prefiera hacer otra cosa, por supuesto, fuera del Gobierno.

Sáhara Occidental y promesa peruana

Por: Ricardo Sánchez Serra

Foto: RSS

El 27 de febrero se cumple el 38 aniversario de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que fue reconocida en 1984 por el gobierno constitucional de Fernando Belaunde. Las relaciones fueron suspendidas sin explicación en 1996.

Luego de la invasión de Marruecos al Sáhara Occidental, en noviembre de 1975, miles de saharauis huyeron de la matanza, de las bombas napalm y fósforo, y se instalaron en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Ellos anhelan regresar a un Sáhara independiente, hoy aún más dividido por la construcción marroquí del muro militar más grande del mundo, que alberga 10 millones de minas.
      
En los territorios liberados del Sáhara Occidental se fundó la RASD reconocida por más de 80 países. De acuerdo al Derecho Internacional para ser un considerado un Estado es necesario ostentar tres requisitos: territorio, población, gobierno y autoridades. La RASD los cumple.

Marruecos, dirigido por Mohamed VI, comete genocidio contra el pueblo saharaui: todos los días hay violaciones de sus derechos humanos, golpes y torturas contra la indefensa población saharaui en los territorios invadidos. Les impone y cambia los nombres para despersonalizarlos y pierdan su identidad; obliga el idioma francés cuando su segunda lengua es el español. Asimismo, pretende cambiar sus costumbres ancestrales y eliminar su cultura; roba sus recursos naturales ante la indolencia del mundo, como los fosfatos y el rico banco pesquero.         Lo mencionado ha sido denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos  y por las Naciones Unidas.    

El pueblo saharaui es una nación diferente a la marroquí;  que tiene derecho a la autodeterminación, consagrado en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y en un dictamen histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que señala la no existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos.      

Los saharauis y las organizaciones prosaharauis en el Perú y el mundo,  se enfrentan al lobby marroquí, que compra conciencias de políticos, periodistas e intelectuales y que aprovecha la desinformación que existe sobre el Sáhara Occidental.      

El pueblo saharaui necesita la solidaridad de gente con valores y decencia, comprometida con la verdad y la justicia, y con la defensa de la libertad y el respeto, que es la base de toda convivencia civilizada.

El presidente Ollanta Humala debe cumplir su promesa y restablecer las relaciones con la RASD.   

Perú: Nuevo gabinete, viejas políticas

Por: César Zelada

En una rápida jugada, Ollanta, cambió siete de sus diecisiete ministros de gobierno, con el fin de superar la crisis política que había generado la renuncia del premier Villanueva, al ser éste desautorizado tanto por el Ministro Castilla, como por la primera dama, Nadine Heredia.

Como recordarán, César Villanueva (ex presidente de la región San Martin y de la Asamblea de Gobiernos regionales), fue elegido premier para superar la crisis política generada por el caso de corrupción López Meneses (donde los jefes de las FF.PP. le brindaban seguridad policial), y al parecer para poder darle un carácter más político (y menos técnico), a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), justamente en un año de elecciones regionales y municipales, donde éste podía jugar el rol de articulador de la alianza nacionalista con movimientos regionales independientes.

Sin embargo, los dimes y diretes entre Villanueva, Castilla y Nadine, por el tema del aumento del salario mínimo (el más paupérrimo de la región a pesar de tener Perú el mayor crecimiento económico), donde al final, se impuso Castilla, fue la gota que rebalso el vaso de agua (anteriormente Villanueva había planteado el cambio de ministros y según algunos analistas, entre estos estaba la cabeza de Castilla).

Luego de presentar su renuncia irrevocable al mandatario Ollanta (quién recién acababa de llegar de un viaje por Israel, Palestina y Qatar, sin novedades), Villanueva, dio algunas entrevistas, señalando que se iba por estar decepcionado de Ollanta por no fortalecer la institucionalidad de la PCM y por ver las cosas solo técnicamente. Es decir, por dejar que Nadine y Castilla, decidan sin respetar su autoridad política. “la coca lo resolvimos con la gente no con economistas“, dijo el maltratado ex premier Villanueva.

¿Se solucionará la crisis que produjo el aumentazo de sueldos a los ministros (en 100% llegando a 30 mil soles mensuales), con el nuevo premier Rene Cornejo? Muy difícilmente ya que para eso Cornejo tendría que plantear un aumento del salario mínimo escalonado hasta llegar a la canasta familiar (2500 soles aproximadamente). Cuestión que no lo va hacer porque implicaría chocar con el modelo económico neoliberal que es el responsable de la volatilidad de la política peruana y de las protestas sociales que se avecinan. Además, Cornejo, como ex Ministro de Vivienda, fue fiel servidor de los intereses de los grandes grupos de poder inmobiliario.

En este mismo sentido, el cambio del resto de ministros, es una expresión de continuismo tecnocrático y pro transnacional: En los cargos de Producción (Piero Ghezzi, de Barclays capital, que puede ser pieza de recambio de Castilla), Energía y Minas (Eleodoro Mayorga, del Banco Mundial), Agricultura (Juan Manuel Benites, ex viceministro de desarrollo e infraestructura agraria), Desarrollo e Inclusión Social (Paola Bustamante, ex viceministra de prestaciones sociales). Las únicas que tienen perfil político son Trabajo (Ana Jara, la única del nacionalismo), y Mujer (Carmen Omonte, que refuerza la alianza con Perú Posible del cuestionado ex presidente Alejandro Toledo).

Pero si tienen alguna duda de lo que decimos, pues, lean lo que declaró el nuevo Ministro de Producción, Piero Ghezzi, “…el aumento de salarios en los países de ingresos medios que crecen resulta muchas veces en una pérdida de competitividad respecto a países pobres y para compensar eso se requiere continuar aumentando la productividad…”, (diario Gestión, 25-02-14).

En otras palabras, nuevo gabinete, viejas políticas.

MEDIDA TAMBIÉN BENEFICIA A COLOMBIANOS

Parlamento Europeo aprueba supresión de visa a peruanos

Histórica decisión permitirá el ingreso de turistas y empresarios peruanos a 28 países.

En una histórica decisión que demuestra la importancia del Perú ante la comunidad internacional, el pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó por mayoría la eliminación de visas para que los ciudadanos peruanos puedan ingresar a 28 países de la Unión Europea o el llamado espacio Schengen.

La resolución, que consiguió 523 votos a favor y 41 en contra, indica que la exención también favorece a los ciudadanos de Colombia y será para estancias de hasta tres meses.

El espacio Schengen implica el área formada por la mayoría de los países de Europa, donde las personas tienen libre circulación para cruzar fronteras.

 

Propuesta debatida

El voto en pleno llegó después de que a mediados de febrero los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles del PE dieran su luz verde a esa posibilidad.

Con anterioridad, los embajadores de las naciones europeas respaldaron el inicio del proceso para que los ciudadanos del Perú y Colombia puedan viajar con más facilidad a territorio comunitario por períodos de hasta 90 días.

Una vez aprobada la resolución, la comisaria de la Unión Europea para Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, afirmó que la supresión de la visa Schengen logra un “equilibrio correcto” entre el deseo de ofrecer viajes sin visado y la necesidad de evitar riesgos migratorios en pro de la seguridad de la Unión Europea.

Agregó que esta medida constituye “un buen resultado” y “un paso más cerca” para que ciudadanos de un total de 19 países puedan viajar sin visado.

“Una vez que se completen los procedimientos necesarios, los nacionales de los 16 Estados insulares de las regiones del Caribe y del Pacífico, así como de los Emiratos Árabes Unidos, el Perú y Colombia podrán ingresar al espacio de Schengen sin visado”, expresó.

Durante la votación, Malmström refirió que para los ciudadanos de algunos de estos países la exención de ese visado servirá para concretar viajes de negocios y de visitas turísticas o familiares.

Otros países

En la misma sesión, la Eurocámara también aprobó ampliar su lista de terceros países con exención de visado para Dominica, Emiratos Árabes Unidos y Granada.

Además, se beneficiaron Kiribati, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, las Islas Salomón, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu.

El proceso para culminar la supresión la visa Schengen demorará el tiempo en que estas naciones favorecidas cumplan la reglamentación establecida por el bloque europeo.

Reacciones

EDA RIVAS FRANCHINI

MINISTRA DE 

RR. EE.

PROCESO SIGUE

El proceso político para exonerar a los peruanos de la visa Schengen terminó con la aprobación del Parlamento Europeo, y lo que resta es un trabajo administrativo que puede demorar hasta seis meses.

Esto es posible porque el Perú hoy tiene una imagen positiva, la de un país que crece de manera inclusiva; pero también como un Estado donde se respeta la institucionalidad democrática. Esto permitió  avanzar en muy poco tiempo ese proceso.

CARLOS CANALES

PRESIDENTE 

DE CANATUR

MÀS TURISTAS

El número de viajeros peruanos a la Unión Europea se incrementará gradualmente hasta llegar a un millón de pasajeros dentro de cinco años. Estas posibilidades de turismo dependen de la consolidación de una clase media, cada vez más consistente, que ya viajó al extranjero en anteriores oportunidades. Dentro de cinco años la clase media estará mucho más consolidada, lo cual hará que el turismo hacia Europa tenga una mayor predisposición.

La izquierda y Venezuela

La otra crisis, por la vida, la libertad y los derechos.
 

Los recientes sucesos de la crisis venezolana han colocado también en crisis a la izquierda, como sucediera con cruciales hechos acontecidos en Hungría y Checoslovaquia (las invasiones rusas de 1956 y 1968 respectivamente), Cuba (el caso Padilla de 1971), Polonia (las huelgas del sindicato Solidaridad, en 1980) y Nicaragua (las revelaciones de la piñata sandinista en 1990).

El debate sobre Venezuela en la izquierda ha sido más intenso en América Latina, donde los gobiernos progresistas han cerrado filas con matices con el régimen de Nicolás Maduro, fijando su valoración de la llamada revolución bolivariana en las mismas condiciones de hace una década, como si nada hubiese cambiado. Solo dos gobiernos de izquierda, el de Mauricio Funes de El Salvador y el de Dilma Rousseff de Brasil, han ido más allá de la defensa de Maduro pidiendo al mismo tiempo apertura y diálogo.

Los partidos y movimientos de izquierda de la región han tenido dos tipos de reacciones. La mayoría de sus direcciones han condenado la movilización venezolana repitiendo el falaz argumento chavista reducido a las palabras conspiración, golpismo y fascismo. En cambio, diversas voces de la intelectualidad progresista y de los movimientos de defensa de los DDHH, junto a militantes de base de los partidos de izquierda, han cuestionado la gestión de la crisis por parte del gobierno de Maduro y se han  preguntado por la naturaleza y el
futuro del chavismo.

En el Perú, el grupo político de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, Fuerza Social, ha defendido los derechos y libertades de los ciudadanos de ese país y ha condenado la brutalidad de la represión gubernamental. En tanto, el Frente Amplio ha publicado un comunicado rígidamente encuadrado en la postura chavista. En las redes sociales este comunicado ha sido severamente cuestionado tanto por su contenido como por su gestación y parece haberse convertido en uno de los ejes de su debate interno.

La dura reacción desde una parte de la izquierda al comunicado del FA evidencia su equívoco. En la década fujimorista y como parte de los grupos democráticos, la izquierda demandó desde las calles libertades y derechos económicos y sociales, y defendió la legitimidad de este reclamo denunciando la trampa fujimorista que sostenía que esas exigencias eran violatorias del Estado de Derecho. Este fue el espíritu de la campaña internacional de la oposición democrática que arribó a la Asamblea General de la OEA en Windsor (Canadá) en junio del año 2000.

Luego, desde la recuperación de la democracia, la izquierda ha reclamado por la vida, las libertades y los derechos, cuestionando en delicados casos como los de Combayo, Bagua, Conga y Espinar, los argumentos que se amparan en el Estado de Derecho y en una equivocada interpretación del principio de autoridad, entendida como carta blanca para la brutalidad oficial y para disparar a los que reclaman. Es más, como parte de ese ejercicio democrático apoyó el paro nacional del 14 de julio del 2003 en demanda de la renuncia/vacancia del Presidente Alejandro Toledo. Es increíblemente incoherente que los derechos que se reclaman para los peruanos se les niegue a los venezolanos solo porque en ese país gobierna un régimen que se proclama de izquierda.

La izquierda debe reencontrarse con las libertades en el continente y con su sustento ético. El derecho a la vida no tiene ideología y, como señala el respetado dirigente de la izquierda peruana Henry Pease, un régimen democrático no pertenece a los ganadores de una elección, es de todos, los que ganaron y los que perdieron.

Cusco se volcó a las calles para exigir gasoducto y el aeropuerto 

Por: Heriberto Chullo

La contundencia del  paro regional en Cusco se reflejó en el cierre de los comercios, las instituciones públicas sin atención, el transporte urbano paralizado y  miles de personas marchando en las calles contra la gestión del presidente Ollanta Humala.

 los cusqueños, que votaron mayoritariamente por Humala, se cansaron de esperar que cumpla sus promesas. La cancelación de la licitación del nuevo aeropuerto de Chinchero y la reiterada postergación del Gasoducto Sur Peruano(GSP) generaron la protesta.

en Cusco  demandan la restitución del canon gasífero y minero recortado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las municipalidades  de la Region expresaron tambien su rechazo al incremento de sueldos para ministros y altos funcionarios del Estado.

La convocatoria del paro que concluyo ayer, la hicieron las organizaciones sociales, colegios profesionales y autoridades ediles

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, mostró su satisfacción por la contundencia de la medida de lucha.

“El 80% de cusqueños paralizó y demandan que Ollanta Humala cumpla sus promesas del gasoducto y el aeropuerto. Es una demostración de unidad regional y descontento con el actual mandatario”, dijo.

Estuvieron presentes en la manifestación obreros, transportistas, docentes universitarios, trabajadores estatales, autoridades, funcionarios públicos, políticos, campesinos, comerciantes, entre otros sectores.

La Policía tuvo que repeler a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas para evitar que se trajeran abajo el muro del terminal aéreo

Ahí resultó herido el obrero Juan Tuppa Ayme (28). Una bomba rebotó y le impactó en la cabeza. Aún permanece internado en la Clínica Pardo.

Asimismo se registró la detención de tres manifestantes que fueron puestos en libertad en horas de la tarde.

En tanto, los pobladores de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, bloquearon el puente Arturo que conecta al Cusco con las regiones Puno y Arequipa.

No hubo bloqueo en la provincia de Anta, como estaba previsto.Los turistas llegaron a Machupicchu sin problema.

El alcalde provincial, Luis Flórez, y los alcaldes distritales de Ccorcca, David Quispe; de San Sebastián, Julián Incaroca; y los precandidatos a la presidencia regional de Acción Popular, Armando Villanueva; del Apra, Luis Wilson Ugarte; y del movimiento Pachacútec, Ricardo Cornejo, también se sumaron al paro regional.

 También hubo presencia de agrupaciones políticas como el Movimiento de Afirmación Social (MAS), Partido Humanista Peruano, entre otros.  El secretario general de la FDTC, Wilfredo Álvarez, viajará mañana a las regiones del sur para coordinar un paro macrorregional (Cusco, Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua) en contra del Ejecutivo nacional. 

los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco advirtieron la posibilidad de radicalizar la lucha convocando a las regiones del Macro Región Sur y evaluar una huelga indefinida. “Este es un segundo día de paro histórico, después de muchos años tenemos presente al pueblo cusqueño totalmente unido en torno a sus sagrados intereses, es el sacrificio y esfuerzo no solo de algunos dirigentes, sino de todo el pueblo”, dijo el dirigente Wilfredo Álvarez en su alocución. Además exigió al mandatario Ollanta Humala a cumplir de una vez por todas sus promesas y compromisos recordándole que el Cusco fue una de las regiones que respaldó mayoritariamente su elección como Presidente de la República. “Nosotros, lo hemos puesto en el sillón presidencial y tenemos el legítimo derecho de exigirle que cumpla su palabra y compromiso”, señaló. 

Premier y titulares del MTC y MEM dialogarán con representantes del Cusco

El próximo 5 de marzo a las cuatro de la tarde en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros a invitación formulada por el nuevo Premier René Cornejo Díaz, por gestión de la congresista Julia Teves Quispe, se desarrollará una mesa técnica de trabajo entre autoridades, directivos de colegios profesionales, dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco y otras organizaciones sociales con el titular de la PCM así como los ministros de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes y Energía y Minas Eleodoro Mayorga.

En la mesa de trabajo, que es la primera respuesta que brinda el Poder Ejecutivo a la paralización de 48 horas que se implementó de forma contundente tanto en campo como en ciudad en toda la región Cusco a excepción de la provincia de La Convención, se analizará las demandas que motivaron la medida de fuerza como son la ratificación sin nuevas postergaciones de las licitaciones del aeropuerto internacional de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano, así como también el recorte presupuestal que han sufrido las municipalidades provinciales y distritales del Cusco.

También en la cita, el Premier deberá dar respuesta a la demanda para que se desarrolle en Cusco, en fecha próxima, la sesión de Consejo de Ministros presidido por el Presidente de la República Ollanta Humala, a fin que sean adoptadas medidas para atender las diversas demandas que tiene el Cusco y que espera sean solucionadas.

El sinceramiento del Frente Amplio

La agrupación de nuestras izquierdas se ha pintado de cuerpo entero con su comunicado de apoyo a Maduro

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El comunicado del Frente Amplio (FA) que forman nuestras agrupaciones de izquierda, del que se exceptuó Fuerza Social, confirma una vez más que el Perú sigue sin tener una izquierda institucional moderna que acepte, no ya el rol clave de la libre empresa en la generación de riqueza (a la manera, digamos, de la mayoría de izquierdas europeas), sino a la democracia como un valor en sí.

De hecho, si algo prueba el comunicado es que tenemos una izquierda –al menos a nivel de su expresión institucional– para la que la democracia y los derechos humanos siguen siendo “formas burguesas” que hay que desmontar y que, en el entretanto, pueden ser o bien instrumentalizadas como caballos de batalla cuando el enemigo ideológico se presta para ello –como en los años del fujimorismo– o bien olvidadas cuando quien las está atropellando es un compañero de recetas. Es decir, nuestra izquierda es culpable precisamente de aquello de lo que, con notable cinismo, acusa a sus oponentes: solo le importa el modelo. 

Esto último, por cierto, es algo que tiene en común con sus pares de Venezuela, cuyo ministro de Educación acaba de justificar la demora de su país en combatir la pobreza diciendo: “No sacaremos a la gente de la pobreza para que sean opositores”.

Y así tenemos que en la cara de los asesinatos y las torturas a opositores realizadas recientemente en Venezuela por las fuerzas paramilitares; de todas –de absolutamente todas– las instituciones del Estado intervenidas y tomadas por el chavismo; de un presidente que gobierna por decreto; de los canales de televisión informativos cerrados o comprados y de un gobierno que anuncia que recolecta los nombres de quienes le hacen oposición en las redes sociales; en la cara, en fin, por solo dar un ejemplo más, de los opositores procesados, encarcelados o exiliados a lo largo de ya más de una década; el FA afirma que lo que hay en Venezuela es una “democracia” llena de “conquistas sociales” logradas en 15 años de “gobierno popular”. 

Mientras tanto, las marchas de protesta de las últimas semanas, que comenzaron con estudiantes universitarios intentando hacer sentir su oposición ante los abusos del gobierno, serían “una ofensiva golpista de la extrema derecha” venezolana instrumentada “por los intereses imperiales de los Estados Unidos”. Todo ello, en la búsqueda de una “reversión”, no solo de “las conquistas sociales”, sino también “de la independencia nacional” (ni más ni menos).

El comunicado ni siquiera le huye al ridículo frontal cuando dice que lo que se busca con esta “ofensiva” es la “desestabilización económica y política del hermano país”. Como si esta “desestabilización” no se viniese dando –y en niveles agudos– hace rato en Venezuela, donde, entre otras cosas, se tiene la inflación más alta del mundo; la tercera tasa más elevada de homicidios del planeta; una constante escasez de energía y productos básicos (el Gobierno está teniendo que cambiar petróleo por alimentos con Argentina); una infraestructura de servicios colapsada; la corrupción más elevada de la región –lo cual es decir muchísimo–; y un clientelismo rampante –aunque cada vez menos sostenible– que no saca a los pobres de su pobreza, pero sí sirve para mantenerlos en manos del gobierno.

¿Qué habrá motivado una sacada de máscara tan completa? Este comunicado echa por tierra de un golpe todas las posturas más moderadas que al menos muchos de quienes forman las agrupaciones del FA venían procurando mostrar desde que se situaron del lado de la democracia, para volverlos como por un tubo a los años setenta, cuando Cuba era la “democracia real” y la violencia estaba justificada para conseguir las metas de la revolución. 

La movida, en fin, ha sido tan poco astuta (la mayoría del electorado peruano ha demostrado varias veces ya tenerle una lúcida fobia al chavismo) que muchos incluso especulan con deudas concretas que el régimen venezolano habría decidido cobrar a estos partidos. Pero tampoco hay que subestimar el poder del fanatismo: “la revolución” es para muchos religión y, así, el comunicado puede ser el gesto desesperado de quienes ven cómo está desmoronándose, sobre sus pies de barro, el último ídolo que les quedaba (aparentemente) en pie: el “socialismo del siglo XXI”.

Sea como fuere, luego de esto, hay algo que no se le podrá negar al FA: ninguno de nuestros partidos nos ha mostrado jamás su verdadera identidad y sus intenciones de una forma tan completa como acaba de hacer él.

"Lecciones venezolanas", por Víctor Andrés Ponce

Los problemas en Venezuela nos dice algunas verdades de los gobiernos autoritarios 

 

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VÍCTOR ANDRÉS PONCE

Periodista y escritor

Una de las primeras lecciones de la crisis de Venezuela reside en la inviabilidad del modelo autoritario, pero, sobre todo, la del estatismo. Quizá la realidad venezolana se convierta en un poderoso argumento para los debates que todavía hoy se sostiene sobre las relaciones entre democracia, Estado y mercado. La lección llanera es simple: allí donde existe un régimen con ciertas libertades políticas, en la que el Estado ahoga y reduce al sector privado a su mínima expresión, tarde o temprano, los “dueños de las empresas estatales” terminarán asesinando a la democracia. ¿Existe alguna democracia en la que el Estado haya ahorcado a la sociedad? Imposible. De allí, por ejemplo, que los sectores privados de Chile, Perú, Colombia y México sean largamente más grandes y poderosos que los de Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. No es extraño, pues, que la democracia y las libertades prosperen entre los miembros de la Alianza del Pacífico.

Otra lección se expresa en que la maldición de los recursos naturales que suele denunciar y agitar la izquierda en contra de las inversiones extranjeras en América Latina se desata hasta el paroxismo sin democracia ni mercado. Venezuela solo exporta petróleo e importa, prácticamente, todo: desde arroz, huevos, leche y papel higiénico. El famoso modelo primario exportador de petróleo ha llegado a niveles tan inimaginables que los economistas deberían buscar otra definición para el esquema rentista y parasitario del régimen chavista. Pero la maldición de los recursos naturales en Venezuela no solo ha destruido la economía y ha anulado cualquier posibilidad de diversificación productiva, sino que ha pulverizado casi todas las instituciones llaneras que permanecían de pie.

Sin embargo, quizá la lección más importante de la crisis venezolana tenga que ver con el hecho de que hoy los autoritarismos latinoamericanos solo pueden prosperar bajo la sombra y el cemento del estatismo. Con dosis más o dosis menos, el estatismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua ha sido posible porque, paralelamente, se ha dinamitado a la democracia por dentro. Luego de las consolidaciones democráticas y económicas de Chile, Perú, Colombia, México y Panamá, por ejemplo, es imposible imaginar un proyecto autoritario que fomente libertades económicas, tal como sucedía en los noventa.

Al margen de si se avanzará o no hacia una transición en el corto plazo, los acontecimientos en Venezuela tendrán enormes repercusiones en la política latinoamericana y peruana. La izquierda nacional deberá definir si se distancia de la dinastía castrista o asume el discurso moderno de la socialdemocracia. Y los autoritarismos deberán entender que el estatismo es la única fórmula que les resta. Días atrás, la señora Nadine Heredia ensayó una aproximación: al margen de la Constitución, ella le enmendó la plana a César Villanueva, señalando que el aumento del sueldo mínimo vital no estaba en agenda. Es decir, ejercicio del poder autoritario para “defender el modelo”, para “generar confianza” en los empresarios y ganarse al espacio de la centro derecha. La señora Heredia recibió el apoyo del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y ambos parecieron decirnos que la fórmula autoritarismo y mercado es absolutamente viable hacia el 2016. ¡Gravísimo error! El modelo económico peruano, el crecimiento y la reducción de la pobreza, en la última década, se han fundido con la democracia en una sola fórmula. No ensayen por ese camino. Perderán.

El gabinete Castilla

Por: Juan Sheput

 

 

Juan Sheput: "No tengo la menor duda que el actual gabinete ha sido propuesto por el ministro de Economía Luis Miguel Castilla. De eso trata mi columna de hoy en Diario 16.
El gabinete Castilla"

La inmadurez en la conducción del país por el trío Humala-Heredia-Castilla nos está llevando a extremos insólitos en la historia del Perú político.  Nunca se ha visto que la juramentación de un nuevo presidente del Consejo de Ministros sirva para iniciar un periodo de inestabilidad como es el caso actual que nos ocupa, en que el premierato de René Cornejo es el punto de partida para una ola de críticas, reclamos, aclaraciones;  que abarcan diversos protagonistas, dirigencias partidarias, gremios, sindicatos y gobiernos regionales. En lugar que el inicio del gabinete presidido por René Cornejo sirva para calmar las aguas ha servido para agitarlas. Y, en ese sentido es necesario precisarlo, sólo hay tres responsables: Luis Miguel Castilla, Nadine Heredia y el presidente Ollanta Humala con su creciente y evidente debilidad.

Luis Miguel Castilla es el premier de facto. Ha actuado con cálculo y alevosía en maltratar al expremier César Villanueva, con lo cual todo lo que se había ganado en contención de los gobiernos regionales por temas como el canon, se ha perdido. Su afán de ser un servidor de poderosos intereses económicos lo ha llevado a poner en peligro la frágil estabilidad del país. Con su actitud ha perjudicado la institucionalidad que él pregonaba construir y defender. A veces pienso, pues es mi derecho, que el impulsar el grotesco aumento de seis mil dólares a los ministros tenía por objeto satisfacer los deseos salariales de llevar al gabinete a sus amigos, cuestión que ha hecho sin ningún tipo de pudor.  Es por ello que el actual gabinete se  parece a un conjunto de profesionales en que prima el criterio del  empleado, preocupados de su sueldo, sin nivel político e incapaces de hacer política. Lo único que falta es que los pongan a marcar tarjeta.  La designación ha sido tan dirigida e influenciada por Luis Miguel Castilla que nadie cree en la  posibilidad de ver a un premier como René Cornejo acercándose al presidente Ollanta Humala para indicarle quiénes deben ser los futuros integrantes del gabinete ministerial. Es un gabinete que nace desprestigiado, por obra y gracia de la triada inexperta  que nos gobierna y del maltrato impartido a Don César Villanueva.
Por otro lado un gabinete ministerial se caracteriza por su composición multidisciplinaria. Ese es uno de los atributos de un consejo de ministros.  Eso no existe en la actualidad. La concentración de economistas allegados al ministro Castilla hace imposible un debate o una decisión contraria a los intereses que defienden. Estamos en presencia del nacimiento de una suerte de autoritarismo al servicio de grupos mercantilistas lo cual es impropio de un gobierno democrático.

Durante el fujimorato estuvimos en similar condición. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ejerció una imposición de políticas públicas al servicio de poderosos intereses económicos.  Montesinos y la burocracia del MEF jugaba en pared con el consentimiento de Fujimori. Promovían un mercado sin ningún tipo de regulación (al margen de la Constitución) y sin ningún respeto por el consumidor. Lo mismo sucede en la actualidad con una gran diferencia: durante el fujimorato vivíamos técnicamente en una dictadura, hoy no. Es penoso que gracias a Ollanta Humala los poderes fácticos, aquellos que desde el poder económico o mediático deciden, se hayan impuesto en el proceso de conducción y toma de decisiones en el país. La debilidad de Ollanta Humala se ha puesto de manifiesto en la designación del último gabinete en que ninguna de sus propuestas  ha sido tomada en cuenta.

Este es un gabinete que nace de espaldas al país. Tal vez la mejor manera de comprobarlo es que los pocos políticos o comentaristas  que lo defienden son los mismos que siempre están del lado de poderosos intereses económicos.

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La aburrida uniformidad del discurso electoral 2016

Por: César Gutiérrez Peña

Tengo la percepción y espero no equivocarme, que en las elecciones generales del 2016 todos los que hoy se sienten presidenciables pueden llevarse una sorpresa, tres variables me conducen a esta conclusión: las inequidades en el ingreso de las personas, los electores jóvenes y el discurso monocorde de los aspirantes.

La inequidad del ingreso es una gran fuente de descontento, si bien es cierto que los niveles de pobreza han bajado, por más que los expertos en medirla puedan discrepar en las cifras; no es menos cierto que el avance tecnológico ha impuesto otros patrones de consumo y de formación profesional, a los que las grandes mayorías sobretodo las del interior del país no tienen acceso y que los ciudadanos lo perciben y les genera frustraciones e insatisfacción con el “establishment”, alguna salida creíble esperan, la cual aún no aparece.

En el 2016 habrán 1.6 millones de personas que sufragarán por primera vez y 1.5 millones que lo harán por segunda vez. Es decir 3.1 millones de electores que frisarán entre los 18 y 28 años, gente joven, que corresponde a la sociedad que se informa y que se forma por imágenes. En ellos no prima la lectura y su principal denominador común es una gran incultura en general y más aún en el aspecto político. Los candidatos no entienden esta realidad y creen erradamente que estando presentes en las redes sociales están allanándose el camino en este sector, que representa en número la cantidad de votos suficientes para llegar a una segunda vuelta en las elecciones.

En cuanto a la prédica, los discursos de los principales candidatos: Alan García, Keiko Fujimori, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski y hasta de un probable Gastón Acurio; es similar. Hablan del crecimiento económico y del esfuerzo individual, ser emprendedor lo llaman; como convencimiento programático y al desarrollo se refieren por necesidad electoral. No tienen nada más, repiten su letanía ya sea con elocuencias floridas o con orfandades en el vocabulario y en el lenguaje. Esta perorata trillada no genera emotividades. Falta discurso y programa que haga la diferencia, y el hecho político que catapulte a la persona. Aún hay mucho tiempo por delante y la probabilidad que algo nuevo aparezca está latente.