Un vistazo a los partidos políticos en el Perú permite advertir en seguida, como sus caracteres más nítidos, la anemia ideológica, la endeblez organizativa o la temporalidad, y, como sustrato de ellas, el caudillismo que los origina e impulsa.
Casi todos los partidos políticos del Perú se han creado como una proyección de la voluntad e intereses de una persona con cierta riqueza, perteneciente a alguna familia de abolengo, incluso venida a menos, y criada en un hogar en el que un tema de conversación habitual era la política y sus actores, con los cuales su familia estaba vinculada por el parentesco, los negocios o la amistad.
Durante casi todo el siglo XIX, gobernaron el Perú los caudillos militares. Todos ellos consideraron que el ejercicio del poder político les pertenecía como un atributo natural de su condición de militares, su disposición de las armas y su poder de mandar a los oficiales de rango inferior y a las tropas. Entre ellos se disputaban la Presidencia de la República que ganaba el más hábil o fuerte. No obstante, por más ambiciosos y audaces que fueran, necesitaban el acuerdo expreso o tácito de las familias propietarias de las grandes haciendas, cuyos intereses se comprometían a defender desde el Estado. Los pocos civiles que ejercieron la Presidencia de la República rellenaron los vacíos creados por las disputas de los caudillos militares.
Manuel Pardo y Lavalle, propietario de una gran hacienda en la Costa y con estudios superiores en Chile y Francia, quebrantó este esquema al crear en 1871 el Partido Civil, un conglomerado de latifundistas y burgueses embrionarios para darle cierta estabilidad a la economía. Su Partido ganó las elecciones y él gobernó el país de 1872 a 1876. Lo asesinó un sargento del Ejército en noviembre de 1878, cuando ejercía la Presidencia del Senado.
Hasta 1919, la conducción del Poder Ejecutivo la ejercieron los representantes del Partido Civil, con los interregnos de los caudillos elegidos: Andes Avelino Cáceres y Remigio Morales Bermúdez, militares; y Nicolás de Piérola y Guillermo Billinghurst, civiles.
Augusto B. Leguía, un caudillo civil formado en Europa, dividió a este Partido y gobernó con una facción de él desde 1919 hasta 1930. Lo derribó el comandante Luis M. Sánchez Cerro, al que asesinó un militante aprista en abril de 1933. Continuó en la Presidencia de la República el general Oscar R. Benavides, por decisión del Congreso Constituyente, y lo sucedió por elecciones en 1939 el representante de la oligarquía financiera Manuel Prado, hijo de Mariano Ignacio Prado, el Presidente que se llevó los ahorros nacionales en plena guerra con Chile. A Manuel Prado lo continuó, el civil José Luis Bustamante y Rivero, prostulado por una coalición de partidos, hasta que fue depuesto por el general Manuel A. Odría en octubre de 1948. Odría se quedó en la Presidencia de la República hasta 1956, año en que lo sucedió por elecciones, Manuel Prado, a quien un golpe militar excluyó de su mandato en 1962, faltando unos días para terminarlo. La Junta Militar instaurada facilitó la llegada de Fernando Belaunde Terry a la Presidencia en las elecciones de 1963 hasta que el 3 de octubre de 1968 lo derrocó el movimiento militar acaudillado por el general Juan Velasco Alvarado.
Se sabe lo que vino después.
La evolución indicada hasta el golpe de Estado de Velasco Alvarado tuvo como denominador común el decisivo poder deliberante de las familias oligárquicas en la designación de las personas que debían asumir los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para lo cual disponían de una red de influencias, contactos y medios de prensa, de la aquiescencia servil de la mayor parte de familias de la clase media y de ciertos partidos políticos, y de la contemplación pasmada de las clases trabajadoras, todos los cuales hacían el papel de caja de resonancia de las cuerdas pulsadas por las familias oligárquicas.
La naturaleza caudillista de los partidos políticos del Perú determina que ellos carezcan de una sólida ideología y de programas de gobierno coherentes con las necesidades del país, que gobiernen en función de los intereses de la oligarquía y de las empresas extranjeras y que se extingan poco después de la muerte de sus conductores fundadores. Los partidos políticos existen mientras sus caudillos gozan de fuerza vital para apetecer la Presidencia de la República y concitan el apoyo de familias con poder económico que ven en esas opciones alguna ventaja para invertir en ellas con la expectativa de recuperar su capital y percibir las ganancias directas e indirectas que estiman normales cuando sus patrocinados asumen o comparten los Poderes del Estado. A las familias oligárquicas peruanas, que podrían ser denominadas en conjunto la derecha económica, no les interesa pagar partidos políticos estables, como en otros países, si pueden alquilarlos sin comprometerse o, si les conviene más, convencer a algunos jefes militares ambiciosos.
Tal ha sido el sino de los partidos creados por Manuel Pardo (Partido Civil), Andrés Avelino Cáceres (Partido Constitucional), Nicolás de Piérola (Partido Demócrata), Augusto B. Leguía (Partido Democrático Reformista), Luis M. Sánchez Cerro (Unión Revolucionaria), Manuel Prado (Movimiento Democrático Peruano), y Manuel A. Odría (Unión Nacional Odriista). Va tras ellos el partido fundado por Fernando Belaúnde (Acción Popular).
Varias formaciones que postularon a sus candidatos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a partir de 1990 sólo tienen de partidos la denominación de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos que permite su creación sólo con cierta cantidad de firmas, sin que importe que figuren en los padrones de otros partidos o se haya pagado por ellas. Para la derecha económica significan más opciones de inversión y locación.
El Partido Aprista sobrevive a su caudillo Haya de la Torre por su organización celular, copiada de los partidos comunistas, incluido el llamado centralismo democrático, por haber encontrado un caudillo de repuesto y por el convencimiento de sus militantes más experimentados de que el acceso a los Poderes del Estado, las empresas y otras entidades públicas, las universidades, los colegios profesionales, las cooperativas, los clubes, las organizaciones sindicales, etc. les abre también sus codiciadas arcas y les posibilita otros ingresos non sanctos. La motivación que el beneficio económico personal suscita (“La plata viene sola”) obra como una colosal fuerza psicológica capaz incluso de sepultar a la ley y a la moral, y de atraer a ciertos aliados.
El Partido Popular Cristiano, creado por una disidencia en el Partido Demócrata Cristiano como una congregación asambleísta, trata de representar a una parte de la burguesía y a la clase media, imitando a los partidos de este mismo signo europeos y alzando como estandarte la religión católica, situación que para muchos es una irradiación manipuladora de la Iglesia Católica y la sombra de la fatídica Inquisición.
En los partidos de izquierda también opera el caudillismo en diversa medida, aunque con menor ambición y calidad intelectual, con el efecto consiguiente de una atracción ínfima de las clases y otros grupos sociales a los cuales pretenden representar.
Los caracteres indicados de los partidos políticos en el Perú constituyen una herencia de la dominación española en tres siglos.
Mientras duró el virreinato, los españoles nacidos en el Perú se consideraban súbditos de la Corona, tanto o más leales que los nacidos en España, y acataban la autoridad de los virreyes convencidos de su legitimidad indiscutible. Por lo tanto, les era extraña la necesidad de conformar una fuerza social propia que los representara. La idea de la democracia no existía para ellos. El camino hacia los favores de los virreyes y la audiencia era congraciarse con ellos, colmándolos de obsequios, invitaciones, coimas y una ostensible obsecuencia.
Cuando advino la independencia, estos españoles peruanos, que no la habían promovido, advirtieron que serían ellos los detentadores del poder político. No podían serlo los mestizos, indios y esclavos negros, sometidos a su férula y anulados como fuerzas pensantes. Fue del todo normal, por consiguiente, que gobernaran como lo habían hecho los virreyes, y que el control del gobierno se discutiese en el seno de sus familias.
La creación de partidos políticos fue originariamente una necesidad de la burguesía europea para abatir al feudalismo. Así sucedió en Inglaterra (recuérdese la marcha hacia el constitucionalismo y la campaña de Cronwell en 1648) y en Francia (la Revolución de 1789 se gestó en las logias y los clubes conspirativos, precursores de los partidos).
Después, al instituirse la igualdad de todos ante la ley, las elecciones requirieron el concurso de los partidos, como formas de organización de los grupos sociales para la defensa y promoción de sus intereses. En lo sucesivo, las clases sociales organizaron y financiaron a sus partidos, y los militantes de éstos consideraron normal e indispensable acatar la disciplina interna.
En el Perú, la noción y la necesidad de partidos políticos apareció también como una necesidad de la tardía burguesía, aunque con las limitaciones impuestas por el origen oligárquico de ésta.
La debilidad general de los partidos políticos en el Perú obedece a tres causas: 1) la herencia ideológica colonial reproducida de generación en generación en la conciencia colectiva que predispone a la mayor parte de ésta a inclinarse ante el poder económico, como si fuera una renovada versión de la supremacía de los virreyes y la audiencia; 2) la tendencia en muchos militantes de los partidos, heredada del feudalismo, a rechazar el liderazgo de otros, aunque sea legítimo, y a convertirse en caudillos larvarios; y 3) la ausencia de la tendencia asociativa que hace la fuerza de los grupos organizados, formada en muchos siglos de corporativismo.
En Europa las corporaciones gremiales y de comerciantes tuvieron un poder muy grande que los reyes y nobles no pudieron doblegar. No desaparecieron ni con la Ley Le Chapelier aprobada en 1791, como una expresión de la Revolución Francesa. Se reencarnaron en los sindicatos y las asociaciones mutualistas. La fuerza de los partidos políticos en Europa y otras partes con tradición corporativa es una continuación de ésta con fines distintos. En el Perú, el poder virreinal prohibió esa clase de corporaciones. Las que admitió fueron sólo cofradías religiosas para manifestarse en procesiones que permitían cierto desahogo a las masas de fieles, por lo general mestizas, indias y afroperuanas. La afectio societatis, o elemento conceptual cohesionante de las corporaciones, hansas, sociedades mercantiles, logias, partidos políticos y otros grupos con fines diversos, es aún en nuestro país un factor impostado. No es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba, México, Venezuela y otros países de América a los que afluyeron grandes grupos de inmigrantes europeos quienes trajeron consigo sus hábitos de corporativismo y organización, fundaron los primeros sindicatos e impulsaron la formación de partidos políticos.
En algún momento tendremos que superar esta insuficiencia y manera de ser de las grandes mayorías sociales peruanas. Y no será por la acción de las clases propietarias en el control del Estado, sino por la de ellas mismas, gracias a la catarsis provocada por la ideología que las ayudará a disipar las miasmas de la herencia colonial que continúan contaminando su espíritu.
